El Tribunal de Cuentas acoge este viernes la audiencia previa del procedimiento que abrió a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña, incluido su expresidente y exvicepresidente, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, por el supuesto desvío de dinero destinado al proceso independentista del 2017, que la Fiscalía eleva a 3,4 millones de euros, informa EFE.
El Ministerio Fiscal, que en un principio calculó que el montante presuntamente desviado ascendía a unos nueve millones de euros, finalmente lo limitó a 3,4 millones: 1,2 destinados a la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y 2,2 a la acción exterior desplegada en favor del 'procés', así como al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), incluidos viajes de ex altos cargos o gastos de las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero.
La vista de este viernes es un trámite anterior a la celebración del juicio y se centrará en la proposición de pruebas que cada una de las partes quieren que se practiquen en el juicio, como los testigos que solicitan que declaren.
No es necesario que acudan los demandados; sí sus abogados, quienes al principio podrán alegar las razones (excepciones procesales) por las que creen que el procedimiento no puede seguir adelante, como posibles vulneraciones de derechos.
Entre los demandados se encuentran, además de Puigdemont y Junqueras, los exconsejeros catalanes condenados por el Tribunal Supremo por malversación -Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa- a quienes la Fiscalía considera responsables solidarios, así como sus compañeros de Govern Antoni Comín y Lluís Puig, huidos de la Justicia.
El órgano contable aceptó los avales presentados por la Generalitat de Cataluña a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) como garantía para hacer frente a las fianzas de los demandados.
La Fiscalía excluyó, sin embargo, al diputado de ERC Josep María Jove -ex alto cargo de la Conselleria de Economía y hombre de confianza de Junqueras- y al exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrías.
Este verano el Tribunal de Cuentas estimó la solicitud del exconseller catalán Raül Romeva y acordó devolver el depósito de 2,1 millones de euros que ERC realizó como garantía de su presunta responsabilidad contable y la de otros demandados. Una decisión que adoptó después de que el órgano contable aceptase los avales presentados por la Generalitat de Cataluña a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) como garantía para hacer frente a las fianzas de los demandados.
El Tribunal de Cuentas y los gastos del 'procés'
El procedimiento contable que acoge el Tribunal de Cuentas es independiente a la causa penal que se dirigió en el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas -ya condenados e indultados- y que aún tienen pendiente los que huyeron de España, como Carles Puigdemont.
Además de la Fiscalía, la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC) también presentó demanda para reclamar a los ex altos cargos el dinero que presuntamente desviaron para el "procés".
