Más de 500 trabajadores de las universidades públicas catalanas han firmado un manifiesto "contra la represión y por la libertad de expresión" a raíz de la detención del rapero Pablo Hasel el pasado 16 de febrero, tras encerrarse en la Universidad de Lleida (UdL).
Entre los firmantes del "Manifiesto16F", cuyos promotores han indicado que se está haciendo extensivo al resto de universidades españolas, se encuentran los historiadores Antonieta Jarne y Alberto Velasco (UdL), la filósofa Marina Garcés (UOC), el arqueólogo Ermengol Gassiot (UAB) o la periodista Laia Altarriba (UOC).
También han dado su apoyo al manifiesto el politólogo y escritor Ramón Cotarelo y el antropólogo José Mansilla, del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, entre otros.
El manifiesto critica la actuación de los órganos de gobierno de la Universitat de Lleida cuando Pablo Hasel se encerró en ella antes de su detención, y afirma que "no se ha resuelto en favor de la libertad de expresión y no se ha demostrado un posicionamiento claro y firme al lado de los derechos humanos".
Detención de Hasel
Por ello, el texto prosigue con que el deber como trabajadores es "posicionarnos ante los acontecimientos que se produjeron durante la detención de Pablo Hasel en el Rectorado y rechazar de manera enérgica la entrada de los Mossos en un espacio donde las palabras y el diálogo deberían prevalecer ante el uso de la fuerza".
El manifiesto señala que "históricamente, la universidad ha sido una herramienta para cobijar encuentros y acciones que ponen sobre la mesa derechos tan diversos como la libertad, la democracia, derechos laborales y civiles y tantas otras reivindicaciones sociales y políticas" y que, a raíz de la condena y posterior arresto de Pablo Hasel, todos estos derechos pueden estar en peligro.
Por ello, los firmantes afirman sentirse "interpelados a reaccionar ante unas dinámicas regresivas en las que los valores individuales y sociales nos son arrebatados".
Asimismo, el manifiesto advierte de que "cuando se vulnera un derecho humano básico se abre la puerta a la vulneración del resto de derechos" y que "la libertad de expresión vulnerada afecta directamente a la práctica académica y científica que tiene lugar cada día en la universidad y pone en cuestión la libertad de opinión, que en definitiva es la base de la actividad docente".
