El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde diciembre de 2018, ha cerrado a última hora de este martes un acuerdo para los seis nombramientos del Tribunal Supremo que prevé votar en el Pleno de mañana miércoles.
Lo ha hecho pese a las presiones, sugerencias y advertencias externas como la del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que abogaba por paralizar los nombramientos o aquellas de Unidas Podemos que avisaba que existen "vías legales" para impedir esta "maniobra".
Ninguna ha disuadido a los vocales, quienes han alcanzado un acuerdo para los seis nombramientos que corresponden al Supremo, tres para presidencias de sala y otras tres para la Sala de lo Penal, que es la que revisa las causas de corrupción.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que previsiblemente la presidencia de la Sala de lo Social del Supremo será para María Luisa Segoviano; la de lo Contencioso para Cesar Tolosa en detrimento de Pilar Teso y Eduardo Calvo; mientras que para la Sala de lo Militar el elegido será Jacobo Barja de Quiroga y no Julián Sánchez Melgar.
En cuanto a la provisión de las tres plazas en la sala de lo penal del Supremo, una será para Javier Hernández, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; quien aparecía de favorito en todas las apuestas; y otra para el magistrado del juicio de Gürtel Ángel Hurtado que se habría impuesto a los partidarios de la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel.
La tercera, que las fuentes consideraban la más abierta de todas, apunta a Leopoldo Puente, magistrado de la Audiencia de Madrid.
Según las fuentes, el acuerdo se habría alcanzado a partir de dos ternas, una con los tres nombres para las presidencias de Sala y otra con los tres propuestos para la sala segunda del alto tribunal.
Fuentes próximas al Consejo ya habían adelantado a Efe la importancia de que los nombramientos fueran, al menos, "respaldados por una amplia mayoría", porque la unanimidad se antojaba complicada.
Y lo han hecho convencidos de que debían "cumplir con sus obligaciones" y esta pasaba por retomar los nombramientos tras dos aplazamientos acordados en enero y julio, para dar aire a una negociación política que parece que nunca llega.
Porque la opinión mayoritaria es que tras el enésimo bloqueo político y el escepticismo reinante sobre una solución a corto y medio plazo, la carrera judicial tiene que continuar.
Además, el pleno votará la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y las de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la Audiencia Provincial de Ourense.
Fuentes jurídicas recuerdan que dichos nombramientos solo pueden ser recurridos por los candidatos que no resulten elegidos y las asociaciones judiciales, pero no por partidos ni grupos parlamentarios.
La fórmula es a través de un recurso de reposición ante el Pleno del CGPJ y, una vez conocida su decisión, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo.
