La polémica reforma legal que impide seguir nombrando jueces al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras siga en funciones está más cerca de acabar en el Tribunal Constitucional. Los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces han discutido esta cuestión en su Pleno de este jueves. Como resultado de este intercambio, han acordado habilitar unos días para que cinco de sus 21 miembros presenten una petición formal para impulsar un conflicto de atribuciones al considerar que el Congreso legisló limitando sus competencias constitucionales, informan fuentes del Consejo.
En caso de que esa propuesta se registrase, se convocaría un Pleno extraordinario para votarla. Ese cónclave, tendría que ser siempre antes del 30 abril. En ese momento expira el plazo para presentar este conflicto de atribuciones contra la ley. Se trata de la 4/2021 que impide a los vocales nombrar puestos clave en la carrera al estar en funciones desde diciembre de 2018.
Esta reforma fue la medida alternativa que sacó adelante el Congreso una vez que el Ejecutivo congeló su plan inicial que pasaba por rebajar los apoyos parlamentarios necesarios para reformar el Consejo. De ese modo no necesitaría pactar con el PP, al que el Gobierno acusa de bloquear la situación. Finalmente, el Gobierno ha retirado de forma definitiva esa iniciativa tras las críticas de las instituciones europeas y la carrera judicial, incluido el CGPJ.
Según las mismas fuentes consultadas, en caso de que se active definitivamente esta vía, habrá que dirigirse en primera instancia al Congreso de los Diputados al ser el órgano que consideran que está apropiándose de sus atribuciones. En caso de no llegar a un acuerdo, entonces ya sí podrán acudir al Tribunal Constitucional. Vozpópuli ya informó en octubre que esta era una posibilidad que le asistía al Consejo General del Poder Judicial, aunque apenas había precedentes.
El tenso pulso que desde hace meses enfrenta al Poder Judicial con el Legislativo y el Ejecutivo a cuenta de estas reformas ha estado en todo momento presente en el Pleno. Entre otras cosas, el presidente Carlos Lesmes, ha puesto en conocimiento el informe sobre la Ley 4/2021 elaborada por el Gabinete Técnico del órgano. A lo largo de 65 folios, el documento detecta las carencias de la reforma impulsada por el PSOE y Podemos. Afirma que, aunque su espíritu es impedir nuevos nombramientos, tal y como está redactado afecta a otras atribuciones suyas.
Este documento del Gabinete Técnico lleva en manos de los vocales desde hace varios días, pero no estaba previsto que se sometiera a votación este jueves. Fuentes del Consejo añaden que por el contrario se ha rechazado otro de los puntos del orden del día que planteaba pedir la colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia para que examine y se pronuncie sobre la reforma. Ha sido rechazada por 12 votos a ocho. Quienes querían que se llevase a cabo han sido los vocales que lo propusieron: Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart y Juan Martínez Moya.
A ellos se les ha sumado Wenceslao Olea, Gerardo Martínez y José Antonio Ballestero. Los ocho fueron designados en su día por el PP para integrar el Consejo. Al Pleno de este jueves no ha asistido la vocal Victoria Cinto, del bloque progresista.
Orden del día
Otra de las cuestiones debatidas este jueves tenía que ver con la comunicación a la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021 y sobre el examen de los mecanismos de defensa de la independencia judicial ante la limitación de competencias. Lo que se ha acordado en este caso es que ese informe de respuesta se elabore de una manera que propicie la participación de más vocales.
Por ello se redactará un proyecto de respuesta a la preguntas que correrá a cargo de la vocal Nuria Díaz. Eso se someterá a la Comisión Permanente del órgano y el acuerdo que adopte (será otro documento con aportaciones) se elevará al Pleno y el que resulte será el que se envíe a la comisión.
