El CGPJ se prepara ya para redactar su informe sobre la ley de amnistía a petición del Senado. El órgano de gobierno de jueces fue el primero en ofrecer una valoración institucional de la ley que anulará todas las causa del procés, si bien esta vez se pronunciará a petición expresa de la cámara baja, que ya ha remitido su petición formal al presidente interino, Vicente Guilarte.

Fuentes del órgano consultadas por Vozpópuli explican que la Mesa del Senado, donde tiene mayoría el Partido Popular, ha requerido el informe al CGPJ sobre la proposición de ley. La solicitud de la cámara alta permitirá al órgano de gobierno de jueces y al Consejo Fiscal valorar la ley, ya que su tramitación urgente en el Congreso evitará recabar los informes preceptivos.

Así pues, el siguiente paso es que la Comisión Permanente del CGPJ designe un ponente para que elabore la propuesta de informe sobre la ley. Al respecto las fuentes consultadas no descartan que, atendiendo a la relevancia del asunto, se designe más de un ponente para redactar el documento que luego se llevará al Pleno.

Pronunciamiento institucional del CGPJ

Al respecto todas las miradas se posan en el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte. El vocal que sustituye a Rafael Mozo declinó respaldar la declaración institucional que salió adelante en noviembre por el apoyo del sector mayoritario conservador. Ocho vocales del órgano pidieron a Guilarte el 1 de noviembre la celebración un Pleno extraordinario para abordar las repercusiones de la ley de amnistía tras pronunciarse por primera vez sobre la misma Pedro Sánchez.

Los firmantes remitieron un texto en el que sostenían que la amnistía supone abolir el Estado de derecho y hablaban de "desolación" con la norma. Guilarte accedió a convocar una reunión extraordinaria en atención a lo recabado en el artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que estipula que se debe celebrar sesión extraordinaria si lo considera oportuno el presidente o si lo solicitan al menos cinco vocales del órgano.

El vocal progresista Álvaro Cuesta solicitó sin éxito a Guilarte que suspendiera el Pleno. Según expuso, su convocatoria era ilegal al estar el CGPJ en funciones y proponer pronunciarse sobre un texto cuya tramitación no se había registrado en el Congreso. Pero Guilarte la mantuvo y finalmente salió adelante con el respaldo de 9 vocales conservadores frente a 5 progresistas.

El texto se convirtió en la primera declaración institucional contra la amnistía. El órgano de gobierno de los jueces advirtió que la amnistía que ha negociado el PSOE con sus socios de Junts y ERC vulnera gravemente la división de poderes en tanto anulará todos los pronunciamientos judiciales sobre el procés.

El voto en blanco del presidente

Del mismo modo, el CGPJ se pronunció también sobre la tramitación exprés de la norma en el Congreso, que evitará tener que recabar los informes correspondientes. "Ante una iniciativa tan trascendental razones de prudencia y lealtad institucional justificaban su tramitación como proyecto de ley. No va a ser así. Resulta por ello absurdo que se nos pida esperar a hacer algo que no se podrá hacer porque deliberadamente se ha escogido la vía que lo impide", expusieron

Guilarte emitió voto en blanco en el que explicó que no respaldó la declaración institucional no por no compartir el mensaje, sino porque la respuesta fue "prematura", en tanto se estaba en proceso de redacción de la proposición de ley. No obstante aprovechó para defender la actuación del Tribunal Supremo y el resto de órganos que han instruido causas del procés.

El pronunciamiento que ya estudia ahora el CGPJ es completamente diferente porque este sí responde a una petición concreta del Senado, de ahí que las miradas estén puestas en el presidente interino del órgano, que ya ha rechazado por escrito y entrevistas el contenido del acuerdo del PSOE y Junts. La solicitud de la cámara baja se produce, además, después de que la Mesa del Congreso admitiera a trámite el texto y en la antesala del primer debate de la norma fijado para el 12 de diciembre.

Tramitación exprés en el Congreso

Frente a la agilidad con la que se pretende tramitar la norma en la cámara baja, el Senado, con mayoría del PP, se tomará más tiempo para pronunciarse. Además, al no tratarse de un trámite de urgencia (que precisa de respuesta en 15 días), el CGPJ puede tardar más tiempo para responder sobre la amnistía, toda vez que ya puede valorar el contenido de la misma.

Al respecto las fuentes consultadas indican que el texto -que no es vinculante- puede demorarse semanas. En el Senado tampoco hay especial urgencia para recabar los informes, máxime teniendo en cuenta que enero es un mes inhábil en el Parlamento. Además, el PP modificó el reglamento de la cámara baja para poder dilatar hasta dos meses la tramitación de esta norma, por lo que no se prevé que retorne al Congreso al menos hasta febrero o marzo del próximo año.

Cuando la ley entre en vigor se espera que el Tribunal Supremo, que mantiene abierta la causa del procés para Carles Puigdemont y sus exconsejeros, plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre el encaje legal de la norma antes de aplicarla tanto para el expresidente catalán fugado de la Justicia como para el resto de líderes independentistas a los que condenaron en 2019.

• Tags
• Amnistía
• Carles Puigdemont
• CGPJ
• Consejo General del Poder Judicial
• La Moncloa
• Oriol Junqueras