El mediático despacho de abogados Boye-Elbal, fundado en 2012 por Gonzalo Boye y que ha defendido a Carles Puigdemont, Quim Torra o Sito Miñanco, entre otros, ha sido cerrado por quiebra. Un abogado que se ha visto envuelto en numerosos casos controvertidos.
El abogado fundó el bufete junto a su pareja, la también letrada Isabel Elbal, quien permanecía como administradora pública desde principios de 2020 tras la renuncia de Boye y solicitó el concurso de acreedores el 29 de septiembre por insolvencia, señala 'La Información'.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid, Carlos Nieto Delgado, ha ordenado la extinción de la sociedad, declarando el cierre de la misma y la cancelación de todos los asientos registrales.
El despacho de Boye siempre ha sido protagonista en causas que se han vuelto mediáticas, volviéndose aún más conocido cuando asumió la representación de los expresidentes de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y Quim Torra.
Pero estos no son los únicos casos, el último político al que se ha conocido que iba a representar era al ex secretario de Organización de Podemos y ex diputado de la formación 'morada' Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo. Boye recurriría la retirada de su escaño.
Boye fue condenado a indemnizar a Emiliano Revilla con 200 millones de pesetas, pero no pagó la indemnización y el empresario la reclamaría de nuevo en 2019.
Sin embargo, cuando Boye comenzó a representar a Puigdemont, se rescató que al letrado se le vinculó en su juventud con ETA, siendo condenado en 1988 a 14 años de cárcel por colaborar en el secuestro del empresario Emiliano Revilla.
El 30 de octubre de ese año, el empresario fue liberado, tras 249 días de cautiverio -tercer secuestro más largo de la banda terrorista- y después de que su familia pagase mil millones de pesetas (unos 6.010.121 de euros en la actualidad).
No pagó la indemnización a Emiliano Revilla
Además de esos años de prisión, fue condenado a indemnizar al empresario con 200 millones de pesetas (unos 1.202.024 de euros en la actualidad), pero no pagó la indemnización. Revilla la reclamaría de nuevo en 2019.
Un año después, la Audiencia Nacional ordenó embargar los bienes del abogado para indemnizar al empresario y este mes de septiembre, Elbal solicitó el concurso de acreedores.
La pareja de Boye ha rechazado explicar por qué solicitó el concurso de acreedores para la compañía y por qué el juez ha ordenado su extinción. Según el medio, la letrada sí que ha asegurado que los abogados siguen defendiendo a sus clientes por su cuenta.
En enero, la juez comunicó a Boye que estaba procesado por presunto blanqueo del narcotráfico.
Boye renunció al cargo de administrador solidario tan solo tres semanas después de la orden de la Audiencia Nacional para poder hacer frente a los 1,2 millones de euros que adeuda por el secuestro de Revilla y, ahora, el juez ha decidido cerrar su despacho.
Blanqueo por narcotráfico
En 2021, Boye tampoco ha evitado los tribunales y la juez de la Audiencia Nacional María Tardón le comunicó en enero su procesamiento junto a otras 45 personas, entre ellas el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", en una causa por presunta participación en un entramado criminal para blanquear el dinero del narcotráfico.
