La investigación al BBVA en la causa de Villarejo retoma este viernes las declaraciones a testigos e imputados para esclarecer los detalles de la relación entre el comisario y el banco. El viernes arranca la ronda de la mano del que fuera jefe de cumplimiento normativo de la entidad durante más de dos décadas, Antonio del Campo, quien está citado como testigo. Ese mismo día comparecen también dos de los policías investigados ante la sospecha de que cribaron información confidencial de bases de datos policiales.
Se trata de agentes imputados en julio a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la cual también volvió a pedir que declarasen el propio banco y el inspector de Policía jubilado Antonio Bonilla para determinar si la relación entre BBVA y los socios de Cenyt continuó tras la detención del agente encubierto en noviembre de 2017.
Así consta en la nueva documental de la causa a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en el marco de la cual se encuentra la respuesta que ha dado la filial del BBVA a uno de los últimos requerimiento de documentación. Crea Madrid Nuevo Norte (antiguo Distrito Castellana Norte) ha respondido a Asuntos Internos que no tiene en su poder las agendas de la secretaria del que fuera presidente de DCN, Antonio Béjar.
Material desaparecido
Béjar (también exdirector de riesgos del BBVA) reclamó inicialmente las agendas de Isabel López de Zárate para enfrentar las acusaciones del banco y del que fuera su presidente, Francisco González. Ambos le atribuyen la responsabilidad de la contratación con el entramado de Villarejo y le acusan de ser el inductor, junto con el exdirector de Seguridad Julio Corrochano, de todos estos trabajos que costaron al banco cerca de 10,3 millones de euros.
Antonio Béjar, que mantiene una estrategia de colaboración con Anticorrupción, desde prácticamente el arranque de esta pieza novena del caso, lleva años solicitando al banco información clave que, según sostiene, demostraría que las órdenes de contratar estos servicios vinieron de la cúpula. Así, ha pedido tanto los correos electrónicos que permanecen bajo poder de Distrito Castellana Norte y de la entidad que preside Carlos Torres, como las agendas de su entonces secretaria.
El pasado mes de noviembre el magistrado del caso Villarejo, Manuel García Castellón, incluso llegó a apercibir a la filial del BBVA y le dio un ultimátum de 10 días para que entregase los mails que pertenecieron a Béjar. De no hacerlo, advirtió, podrían incurrir en un delito de desobediencia grave. Además, la autoridad judicial autorizó a DCN a que recurriera al proveedor ante el escenario de que no tuviera en su poder esta documental.
La respuesta se produjo el 29 de diciembre, tal y como consta en la documental adherida ahora al sumario. La promotora de la conocida como Operación Chamartín negó que tuviera en su poder las agendas de la secretaria de Béjar. Dijo que desde noviembre de 2021 cuenta con un sistema de Backup que copia los correos completos de los empleados pero que los datos de los usuarios se eliminan de los servidores corporativos a los 30 días de producirse la baja de manera automática.
Polémica con el forensic
Al no contar con los datos online, trataron de restaurar la información requerida pero no hubo éxito porque, dicen, los datos que encontraron asociados a la secretaria de Béjar son de fechas posteriores a las requeridas. En concreto, se solicitaba la documental hasta 2014 -cuando Villarejo acometió varios espionajes para el BBVA- pero la información localizada data de las fechas comprendidas entre febrero de 2015 y enero de este año.
"Dado que el requerimiento judicial interesaba la aportación de las agendas en el marco temporal comprendido entre los años 2009 al 2014, y a la vista de la consulta realizada en los términos descritos, no es posible proporcionar a este órgano judicial la información interesada al no constar en aquellas dato alguno correspondiente al citado marco temporal requerido", responden.
De esta forma el procedimiento se acerca al fin de la instrucción sin que la causa incorpore material clave que ayudaría a esclarecer más detalles sobre el trato que recibió Villarejo de esta entidad, así como los vínculos con las personas imputadas por estos hechos. Queda todavía por ver si el magistrado prorroga medio año más o da le primer paso para enviar a juicio a los imputados en esta pieza de Tándem.
Pineda y Del Rivero
En paralelo, algunos de los perjudicados por estos proyectos siguen reclamando información relativa al forensic que elaboró PwC para el banco. Este trabajo, que ordenó la entidad al conocerse los servicios realizados por Villarejo, se ha convertido en una fuente de problemas para el banco al conocerse que se entregó al juez sin incluir algunos hits que afectan a víctimas de espionajes o incluso a la actual cúpula del BBVA.
A ese respecto Luis Pineda -a quien Villarejo espió en el marco del 'proyecto Pin'- ha sido uno de los últimos perjudicados en la causa en volver a requerir que se le informe de este asunto. El presidente de Ausbanc califica de "tomadura de pelo" la "colaboración del BBVA" y recuerda que lleva más de un año y medio solicitando las más de 77.400 evidencias que el forensic identificó en las bases de datos del banco relacionados con él y con la asociación de consumidores.
El abogado denuncia que no se les dé traslado de este material "que constituye una fuente de prueba esencial" y dice que un solo policía no puede analizar los 2,3 millones de hits pendientes de estudio, por lo que las partes tendría que tener acceso a todo este material.
Se suma de esta forma a lo solicitado por Luis del Rivero. El expresdiente de Sacyr, que fue víctima del primer encargo a Villarejo en 2004, volvió a solicitar al juzgado que se dirija a PwC. Quiere que se aporten los hits relacionados con la operación de su espionaje (Trampa) así como con Grupo Hostil. Villarejo bautizó con este nombre al conjunto de empresarios, políticos y banqueros que fueron objeto de seguimientos y escuchas ilegales ante el temor de que la constructora se hiciera con el control del banco.
Del Rivero recuerda en un escrito reciente que de los cerca de 4 millones de hits del BBVA (entre evidencias y correos), medio millón se referían a la línea de investigación del Grupo Hostil. Se da la circunstancia de que el empresario murciano denunció en los juzgados de Plaza Castilla haber sido víctima de un hackeo informático en paralelo al avance de esta causa, tal y como desveló este medio. El juzgado en el que recayó la denuncia la admitió a trámite y ordenó a la Policía investigar los hechos.
