El caso judicial Innova se destapó a comienzos del año pasado, pero esta semana el juez ha ordenado en Reus varias detenciones, entre ellas la de la teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis, que pertenece a la federación nacionalista CiU. Sin embargo este caso no sólo afecta a un total de 50 imputados –entre empresarios y dirigentes políticos de varios municipios de la provincia de Tarragona- sino que tiene su origen en el anterior gobierno tripartito de izquierdas en Reus gobernado en la pasada legislatura por el PSC.
Según ha podido confirmar Vozpópuli de fuentes de la investigación del caso –que ya no se encuentra bajo secreto de sumario- el juez investiga una presunta trama organizada para desviar fondos públicos bajo el paraguas del hólding de empresas municipales de Reus Innova, surgido bajo el mandato del tripartito durante la alcaldía de Lluís Miquel Pérez (PSC).
Delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental
Un centenar de agentes de la Guardia Civil, bajo coordinación del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, ha detenido a nueves personas y ha llevado a cabo 25 registros simultáneos repartidos entre las localidades de Reus, Amposta, Tarragona y Valls.
La teniente alcalde de Reus, Teresa Gomis, ha sido arrestada y acusada de varios delitos contra la Administración Pública, entre ellos de malversación, prevaricación y falsedad documental
Entre las entradas se cuenta el propio Ayuntamiento de Reus, cuya primera teniente de alcalde, Teresa Gomis, ha sido arrestada acusada de varios delitos contra la Administración Pública, entre ellos malversación, prevaricación y falsedad documental. También se han registrado dependencias del Ayuntamiento de Cambrils y el del Ayuntamiento de Amposta, ambos en la provincia de Tarragona.
El juez considera que existen indicios de los delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación, soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
La polémica actuación de Josep Prat
Al margen de estas detenciones, el juez también investiga a Josep Prat, que dimitió como director general de Innova poco antes de que la formación izquierdista radical dela CUPhiciera pública su denuncia por la acumulación de cargos, ya que Prat era al mismo tiempo director general de Innova, presidente del Institut Català de la Salut(ICS) y presidente de una patronal de hospitales privados.
Y es en este punto donde interviene presuntamente el vínculo entre Josep Prat y el actual gobierno catalán de CiU, a través del conseller de Salud de Artur Mas, Boí Ruiz –vinculado antes de entrar en el gobierno catalán con empresas privadas sanitarias-.
El juez de Reus está investigando los presuntos movimentos entre el CatSalut –empresa pública catalana que gestiona la sanidad pública en esta comunidad autónoma- y la empresa del arquitecto Jorge Batesteza, contratado poco después de dejar su puesto de directivo del Catsalut como asesor en las obras del nuevo Hospital Sant Joan de Reus, aunque ya formó parte de la mesa de contratación de esas obras.
El juez investiga el papel de Batesteza y sus relaciones con obras sanitarias, sobre todo a partir de correos entre la empresa del arquitecto, el Departament de Salut y la empresa constructora Teyco.
El exdirector del CatSalut cobraba 280.000 euros anuales
El ex director general del holding de empresas municipales Innova de Reus y presidente del Institut Català de la Salut(ICS), Josep Prat, cobraba unos 280.000 euros anuales. Prat dimitió el pasado 10 de enero, después de que la CUP de esta localidad presentara una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la falta de transparencia de su gestión. Ese mismo día, también abandonó su cargo de consejero en el grupo sanitario privado USP Hospitales, pese a defender la compatibilidad legal de las tres ocupaciones.
El sueldo de Josep Prat doblaba el del presidente de Cataluña, Artur Mas y casi igualaba el salario de Felipe VI
Según informó en su día la Cadena SER, que cita a diversas fuentes, Josep Prat cobraba unos 280.000 euros anuales, que fueron unos 300.000 hasta el 2010, cuando la crisis obligó a reducir los sueldos de los altos cargos. Además, Prat tenía firmada una cláusula de confidencialidad y por eso se negó a hacer público su salario, como le reclamabala CUP, un sueldo que dobla el del presidente catalán, Artur Mas, y que casi iguala los emolumentos del rey (290.000 euros).
Al respecto, el exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez, bajo cuya gestión se creó Innova y se fichó a Josep Prat, ha asegurado que este sueldo "no es ningún disparate si se compara con otros cargos de la empresa privada". Y ha recordado que él le concedió permiso a Prat, cuando se lo pidió, para que compaginara la dirección general de Innova con la presidencia del ICS.
El Parlament pide al Govern que se persone en el caso
El Parlamento autonómico catalán ha votado por unanimidad un punto propuesto porla CUP y el PP catalán por el que se insta al gobierno de la Generalitat a personarse como parte en todos los procedimientos judiciales por presunta corrupción en la sanidad pública, y en la causa judicial sobre el caso Innova "dado que el sumario se extiende más allá de Reus".
También se pide al Ejecutivo catalán que informe "de manera periódica" sobre todo lo no sujeto a secreto de sumario y que exija "el resarcimiento en lo que haya perjudicado a la Generalitat". Durante la sesión de control al Gobierno del miércoles, Mas recordó que una resolución parlamentaria prevé que la Generalitat se persone en aquellos casos judiciales en que sea parte perjudicada.
CiU y ERC impiden la reprobación del conseller Boí Ruiz
De nuevo, la alianza de los votos de CiU y ERC han impedido la reprobación del actual conseller de Salut, Boi Ruiz, nombrado por Artur Mas, por su gestión sanitaria y "los reiterados incumplimientos de los mandatos parlamentarios", que había promovido Ciudadanos a instancias de su presidente Albert Rivera, según ha confirmado éste a Vozpópuli.
En cambio, los nacionalistas se han quedado sin apoyos en defender la vigencia de una instrucción del CatSalut que autoriza la prestación de asistencia sanitaria privada en centros del sector público o que utilizan recursos públicos. Los grupos, contrarios al proyecto BarnaClínic, han forzado a que esta instrucción quede "sin efecto".
