El Govern de la Generalitat quiere que la marca catalana de Podemos, los Comunes, liderados por Ada Colau, respalden el decreto que asegurará las fianzas a los ex altos cargos del Govern por las multas del Tribunal de Cuentas. Este organismo quiere que los exaltos cargos de la Generalitat paguen 5,4 millones de euros por la acción exterior del procés. La Generalitat intenta salir del cul de sac aprobando vía decreto un fondo ad hoc que, gracias al apoyo financiero de los bancos, cubra el pago de ese dinero. Y solicita el apoyo de los Comunes para lograr un "frente amplio" de fuerzas estatales. También se han activado contactos con el PSC.
Esta es la estrategia que ha puesto en marcha el Gobierno de Pere Aragonés (ERC), según ha podido saber este diario. Y el partido de Ada Colau está reflexionando sobre ello. Si bien Podemos, y sobre todo la rama soberanista de Jaume Asens, impulsó desde hace años la vía del indulto para los presos del procés, en el caso de los avales la formación se encuentra dividida, con los federalistas que insisten en que si es un caso de "malversación", respaldarlo en el Parlament puede conllevar demasiados costes políticos para una formación muy crítica con Junts y la corrupción.
El tiempo corre rápido. El requerimiento del Tribunal de Cuentas obliga a la Generalitat y a sus aliados a llevar al Parlament el nuevo decreto de aquí al próximo 21 de julio. En esa sede parlamentaria, el Ejecutivo catalán tiene asegurado el apoyo de todos los partidos nacionalistas, pero quiere dar "más solidez" a la cuestión jurídica, con un respaldo político que facilitará más adelante resolver el contencioso. Fuentes de los Comunes sostienen que los delegados de la Generalitat están tanteando también el PSC, de quien aspiran a lograr una abstención.
Investigación sobre Colau
A lo largo de los últimos días, Podemos ha alimentado la crítica contra el Tribunal de Cuentas. Los morados, al igual que el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez han intentado deslegitimar el organismo, afirmando que su presidente es "una exministra de Aznar". El choque institucional ha obligado al Tribunal a defender públicamente su "independencia". Así que en el sector de Ada Colau algunos consideran oportuno aprovechar la situación para desautorizar la investigación de este organismo sobre la alcaldesa de Barcelona.
El Tribunal de Cuentas investiga desde el pasado mes de abril al Ayuntamiento de Colau por presuntas irregularidades contables en las subvenciones que se hicieron a ONGs y asociaciones próximas a ella. También mira con lupa la gestión del Consistorio de Colau sobre el agua, concretamente sobre la consulta ciudadana que la regidora organizó para la gestión de este recurso.
Con todo ello, el sector de Asens, formado sobre todo por políticos soberanistas, plantea apoyar el decreto en el Parlament. Este segmento califica de "aberración" la medida del Tribunal de Cuentas, aunque Asens en una entrevista del pasado martes en TV3 ha aclarado que deben "estudiar" las "letras pequeñas" del decreto, para determinar que no existen dudas legales ni desvío de fondos públicos.
Existen por otro lado temores de que la acción de la Generalitat se convierte en un bumerán, con otras sentencias judiciales que anulen dicho decreto. Por lo visto, en el propio partido de Ada Colau consideran que avalar desde la Generalitat las fianzas del Tribunal de Cuentas puede ser constitutivo de un delito de "cohecho", así que intentan analizar bien la situación antes de dar su visto bueno.
"Solidez jurídica impecable"
El fondo creado por la Generalitat para cubrir las fianzas de los exaltos cargos responsables de la política exterior del procés alcanza los 10 millones de euros. Se trata de una medida que, adelantada por Vozpópuli, representa algo parecido a una vía intermedia entre las exigencias de Junts per Catalunya y ERC. El problema, admiten fuentes del sector más reacio a apoyar la medida de los Comunes, es que la Generalitat actuará como "contra aval del aval" hasta que no se cree una "comisión gestora" dentro del Institut Català de Finances.
Por su parte, el conseller de Economía ha descartado tajantemente que la Generalitat puede incurrir en un delito de malversación, y ha garantizado que el decreto tiene una "solidez jurídica impecable". "Desde el punto de vista está construido de tal manera que, todo el mundo puede opinar lo que considere, pero garantiza que no se hace una malversación de dinero público", ha afirmado.
