La Fiscalía Anticorrupción ha añadido el delito de falsedad documental a los de malversación y cohecho que le imputa a Alfonso Grau (ex número 2 de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia) y solicita para él una pena de 9 años y 2 meses de prisión.
Este juicio del denominado caso Taula –que se está celebrando dede la semana pasada en la Audiencia Provincial de Valencia– analiza una de las piezas del mismo sobre la presunta caja B del PP valenciano por la comisión de irregularidades contables en las campañas electorales de 2007 y 2011 que se habrían sufragado con donaciones y pagos de empresas dependientes del Consistorio de Valencia.
Santón y Salinas, también
El Ministerio Público también ha elevado en dos meses la pena solicitada para el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, y para el exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo, Juan Eduardo Santón, que se enfrentan ahora a 5 años y 2 meses de prisión. El motivo ha sido el mismo que se ha aplicado a Grau, la incorporación del delito de falsedad.
La Fiscalía, mantiene sin embargo la petición de pena de 1 año de cárcel para la secretaria del PP en el Ayuntamiento en aquella época, Mari Carmen García Fuster, por un delito de cohecho.
El fiscal ha variado su escrito de calificación donde, al margen del aumento de las citadas penas, ha decidido suprimir el delito de blanqueo que figuraba inicialmente en la causa.
Desaparece el blanqueo
Esto se debe a que el conocido como 'pitufeo' se archivó por los tribunales. Esa práctica habría consistido en el blanqueo de capitales en las elecciones municipales de 2015 y afectó inicialmente a 49 personas contra las que se llegó a dictar auto de procesamiento y entre las que se encontraban el propio PP y concejales y asesores de su grupo municipal.
La decisión final, sin embargo, fue la de archivar esta causa y sólo quedaron los 4 acusados que ahora se se sientan en el banquillo ante la Audiencia Provincial de Valencia.
Dilaciones indebidas
Por otro lado, el fiscal ha introducido en su escrito definitivo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas puesto que la causa fue incoada por el juzgado en el año 2016, dos ejercicios más tarde, en 2018, Fiscalía solicitó una prórroga y no se practicó ninguna diligencia relevante hasta el auto de incoación en 2021. "Hay dilaciones no atribuibles a las defensas", ha aseverado.
En cuanto a la controvertida declaración del 'delator' de este caso, el exasesor del Alfonso Grau, Jesús Gordillo, ha motivado que la Fiscalía haya pedido al tribunal que se deduzca testimonio (sacar su declaración de los autos originales) por la posible comisión de un delito de falso testimonio.
Gordillo y el falso testimonio
Gordillo cambió totalmente su versión y exculpó a Grau pese a que en la fase de instrucción dio una versión totalmente contraria. Primero explicó que Grau le dio 350.000 euros para pagar gastos de las campañas electorales y durante este juicio afirmó que que quien lo hizo fue Vicente Sáez, administrador de la empresa Laterne que es, según la UCO, la que hizo de pantalla para canalizar los ingresos.
Además, su versión choca frontalmente con la que ofreció el director del digital Valencia Plaza, Javier Alfonso, que fue a quien Gordillo trasladó los papeles que dieron origen a la investigación del caso tras su posterior traslado a la Fiscalía.
Las defensas han insistido en la absolución para sus representados añadiendo la atenuante de dilaciones indebidas. El juicio celebrará su décima sesión el próximo lunes con los informes finales de la Fiscalía y la acusación popular, mientras que el martes llegará el turno de las defensas antes de quedar el juicio visto para sentencia.
