El PP valenciano acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de maltratar a los agricultores valencianos durante sus protestas, mientras está centrado en tratar de amnistiar al expresidente catalán y fugado de España, Carles Puigdemont.
Las protestas de los agricultores valencianos en estas últimas jornadas, como sucede en el resto del país, se han centrado en el corte de carreteras en el entorno de la ciudad de Valencia, en la comarca alicantina de la Vega Baja, el Puerto de Castellón, la A-3 a la altura de Chiva, Cheste, Utiel y Requena, así como en diversas tractoradas espontáneas por todo el territorio.
Los inconvenientes causados a los usuarios de las vías han ido creciendo, así como los nervios y la contundencia de las actuaciones policiales. La más significativa fue la del pasado miércoles en el Puerto de Castellón donde los agricultores fueron desalojados por la fuerza.
También en la ronda norte de la ciudad de Valencia, según confirmaban a Vozpópuli agricultores que viajaban en sus tractores, se registraron ayer enfrentamientos en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se emplearon a fondo para evitar que esos vehículos entraran en la capital del Turia.
PP y Compromís, juntos
Esta situación ha motivado una protesta enérgica del PP valenciano que ha sido también compartida por Compromís.
El portavoz del grupo parlamentario popular, Miguel Barrachina, pedía ayer en las Cortes Valencianas la destitución de la subdelegada del Gobierno en Castellón, María Antonia García Valls, por la actuación "desproporcionada e injustificada contra los agricultores valencianos" que se manifestaron de forma legítima, legal y de manera autorizada ante el Puerto de Castellón.
Barrachina traslada un mensaje a los agricultores en los que asegura que el PP está junto a ellos: "Les enviamos nuestra consideración, afecto y cariño", tanto a la Unió Llauradora i Ramadera en su conjunto como a su secretario general, Carles Peris, que fue desalojado a la fuerza por la policía..
El portavoz del PP en la Cámara autonómica recuerda que "la señora García Valls ya no es diputada nacional del PSOE ni asesora de la vicepresidenta Teresa Ribera sino que es la representante del Gobierno de todos".
Más laxos con Puigdemont
Miguel Barrachina entiende que "el Gobierno de Sánchez está más preocupado por defender a los que incumplen la ley y están fugados de la justicia que a los trabajadores y agricultores que están luchando por mantener sus tierras y sus puestos de trabajo”.
“Ante esta actuación coercitiva por parte de la sudelegada sólo cabe su cese fulminante, ya que ha estado más preocupada por defender a su jefe que por dejar que los agricultores se manifestaran de manera libre y pacífica" sus reivindicaciones", explica el portavoz.
La manifestación frente al Puerto de Castellón "estaba autorizada con todos los permisos y organizada por una entidad reconocida, fue disuelta antes de tiempo de manera precipitada y actuando de manera desproporcionada después de una orden de la subdelegación del Gobierno”, lamenta Barrachina.
“Sánchez en lugar de estar tan preocupado por defender y encajar una solución para el delincuente y fugado Puigdemont lo que debería de hacer es trabajar por buscar una salida digna y adecuada para el campo y las miles de familias que viven de la agricultura”, explica Barrachina.
El PP valenciano recuerda que “desde el Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón se han puesto en marcha medidas para intentar paliar la actual situación que vive el campo. Bajar los impuestos, eliminar trabas burocráticas, defender el agua que se necesita para regar y los seguros agrarios han sido algunas de las medidas que ya se han puesto en marcha en la Comunidad Valenciana”.
Preguntas en el Congreso
También ha criticado la actuación de las fuerzas del orden la portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, quien ha formulado preguntas por escrito al Gobierno en las que denuncia también las cargas a las que Barrachina hacía alusión.
Micó relata en su escrito al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "el pasado 7 de febrero de 2024, los agricultores valencianos realizaron una protesta en los principales accesos al puerto de Castelló ante la entrada desde terceros países de productos que también se cultivan en el campo valenciano y con motivo de la bonificación de las tasas a los productos que entran por los puertos valencianos, como es el caso de los cítricos".
"La concentración encabezada por la Unió Llauradora i Ramadera estaba convocada en tiempo y forma y desarrollándose de forma pacífica; a pesar de esto, acabó con cargas policiales desalojando a los agricultores valencianos que se congregaban en la protesta y llevándose al principal líder de la Unión Llauradora i Ramadera, por parte de la Policía Nacional con una desmesurada actuación represiva", prosigue el escrito registrado ayer en la Cámara Baja.
Àgueda Micó destaca que al mismo tiempo se estaban desarrollando otras protestas en España y en la propia Comunidad Valenciana que "a pesar de algunas no estar convocadas en tiempo y forma, no han contado con la misma actuación policial que en el caso de la referida concentración en la entrada del Puerto de Castellón".
Es por eso, que la diputada nacional de Compromís pregunta: "¿Tenía constancia la Delegada del Gobierno de que se iban a autorizar las órdenes de carga contra los allí congregados?". También inquiere sobre: "¿De quién partió esa orden?" y "¿En base a qué actos se justifica el uso desmesurado de la fuerza por parte de la Policía Nacional en la referida protesta?", entre otras cuestiones complementarias.
La coincidencia en la denuncia de la coalición nacionalista y el PP valenciano no es algo habitual pero en este caso la óptica de ambas formaciones políticas es la misma.
Bernabé no piensa destituirla
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido, por su parte, a la subdelegada de Castellón de quien dijo que "no va a ser destituida" y asegura que "en ningún momento se cargó contra los agricultores".
Bernabé no se ha referido a las preguntas de Compromís registradas en el Congreso pero sí ha pedido al Partido Popular "que trate con respeto a la subdelegada del Gobierno, ya que esa actitud es irresponsable e impropia de un partido serio como debería de ser el PP".
Pepepelotas
Con este desastroso gobierno tenemos la policía y GCpara perseguir y atacar a la gente honrada y trabajadora, no para perseguir a delincuentes, ocupas, ilegales y golpistas terroristas. Lo que no entiendo es como no se plantan. Cada día más cerca de una dictadura bolivariana.
joluisma
Se tenían que reunir todos los TRACTORES de ESPAÑA y rodear la MONCLOA. No sé, es una "broma"