La concursos presentados ante los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana aumentaron un 67% en 2023 respecto a los que se registraron en 2022 y alcanzaron los 5.478. Los datos ofrecidos hoy por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) muestran que del total de concursos los que más han crecido son los que corresponden a las personas naturales no empresarios, que ascendieron a 4.471 y sufrieron un incremento interanual del 133,6%.
En el caso de las personas naturales empresarios bajaron un 11,7% y sumaron 293, mientras que también se redujeron un 30,3% los presentados por personas jurídicas que alcanzaron los 714.
La tercera de España
La sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial sitúa a la Comunidad Valenciana como la tercera región del país en esta estadística, por detrás de Cataluña, con un total de 12.075; Andalucía; y por delante de Madrid que registró 5.346.
Por provincias, en la de Valencia se presentaron un total de 2.907 concursos en 2023, frente a los 1.865 de 2022. En Alicante fueron 2.033, cuando un año antes ascendieron a 1.025, y en la de Castellón se registraron 538, por los 380 de 2022.
Ejecuciones hipotecarias
Por lo que respecta al número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Comunidad Valenciana durante el año 2023 fue de 3.100, un 25,5% menos que las 4.161 registradas en 2022. En términos absolutos Andalucía fue el territorio donde se presentaron más (4.551), seguido por Cataluña (3.457), la Comunidad Valenciana, Madrid (2.036) y Castilla-La Mancha (962).
En términos relativos, sin embargo, la Comunidad Valenciana lidera la estadística, pues registró 59,4 ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, seguida de la región de Murcia, con 56,2.
Por provincias, se presentaron 1.497 en Alicante, 1.302 en Valencia y 301 en Castellón.
El número de lanzamientos practicados durante el ejercicio analizado en la Comunidad Valenciana ascendió a 3.869, lo que supone una bajada del 30,8% frente a los 5.594 que se llevaron a cabo el año anterior.
Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y, en el caso de éstas, no solo a la vivienda habitual. Del total de los practicados, 2.673 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es, un 23,9% menos que en 2022, cuando se produjeron 3.511.
Otros 1.049 se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que significa una reducción interanual del 44,8% respecto a los 1.902 de 2022. Los 147 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas y descendieron un 18,8%.
La Comunidad Valenciana fue la segunda autonomía del país con mayor número de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias de todo el país, precedida por Cataluña, con 1.264, y Andalucía, con 1.135.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza Cataluña, con 5.158; seguida por Andalucía, con 2.961, y la Comunidad Valenciana.
Por provincias, en la de Alicante los lanzamientos practicados fueron 1.665, 1.799 se registraron en la provincia de Valencia y 405 en la de Castellón.
Demandas por despido
En 2023, se registraron en los Juzgados de lo Social valencianos 17.590 demandas por despidos, un 29,9% más que las 13.543 de un año antes.
Por provincias, en la de Valencia se presentaron 10.207 demandas por despido y en la de Alicante, 5.728. Las restantes 1.655 se registraron ante los órganos judiciales de la provincia de Castellón.
Además, se contabilizaron en esta jurisdicción 12.617 reclamaciones de cantidad, lo que implica un incremento interanual del 19,3%, ya que en 2022 la cifra ascendió a 10.580. De ellas, 6.854 se presentaron en la provincia de Valencia, 4.277 en la de Alicante; y 1.486 en Castellón.
Ocupación ilegal de viviendas
Durante 2023 ingresaron en los órganos judiciales valencianos 379 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, diez menos que un año antes, lo que equivale a un descenso en términos porcentuales del 2,6%.
Estos procedimientos civiles se refieren a aquellos casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, que se ven privados de la posesión de la vivienda.
La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía del país en esta estadística, por detrás de Cataluña, con 445 casos, y Andalucía, con 424. Por provincias, 219 se registraron en la de Alicante, 122 en la de Valencia y los restantes 38 lo hicieron en la provincia de Castellón.
