Las Cortes Valencianas ya tienen su primera comisión de investigación de la legislatura en marcha. Es la que se dedicará a analizar la gestión del sector público durante la época del Gobierno de Ximo Puig en el que los socialistas estaban apoyados por Compromís y Podemos.
Esta comisión sigue una larga 'tradición' en la Cámara autonómica en la que se rastrea la gestión del adversario político para ver si se puede sacar provecho de ello.
Durante los 8 años de Gobierno de Ximo Puig las Cortes Valencianas desarrollaron varias de esas comisiones de investigación en busca de declaraciones o contenidos que pudieran tener rédito en épocas electorales.
Metro, Taula, Ciegsa, Azud...
La primera fue sobre el accidente de Metro en Valencia acaecido en 2006 y se abrió nada más ganar las elecciones de 2015. Era la segunda que se constituía a tal efecto en las Cortes Valencianas y además de las causas del siniestro se quiso analizar la gestión posterior de la crisis por parte del Ejecutivo presidido por Francisco Camps.
Las irregularidades en la empresa pública de construcción de centros educativos (Ciegsa), que ya estaba bajo la lupa judicial y las adjudicaciones de la Generalitat bajo gobiernos del PP a empresas del caso Taula fueron otras de las que se abrieron en ese período.
Llama la atención que, en estos casos, ya había instrucciones judiciales en marcha (como en el caso del Metro) por lo que quedaba de manifiesto que se trataba de sacudir al adversario con motivos estrictamente políticos.
También se abrió en la pasada legislatura la comisión de investigación sobre la financiación del PSPV y Compromís durante los años 2007 y 2008 que estaba en fase de instrucción judicial dentro del caso denominado Azud. El PP y Vox contaron con la ayuda de Ciudadanos y también de Compromís.
Por contra, cayó en saco roto la petición de los populares de abrir una comisión de investigación a la luz del caso que los juzgados estudiaban sobre la posible mala praxis de la Conselleria que dirigía Mónica Oltra en el expediente del abuso a una menor tutelada por parte de su exmarido. Esta semana pasada ha quedado exonerada.
Prioritario para Mazón
Con esos precedentes, ayer las Cortes Valencianas constituyeron una comisión de investigación sobre la gestión del sector público en el Gobierno de Ximo Puig que PSPV y Compromís intentaron, sin respaldo de la mayoría, que se extendiera también a los períodos en los que el PP gobernaba en la Generalitat.
Carlos Mazón ha fijado esta comisión como una "prioridad" y para ello ha ordenado, en paralelo, la ejecución de dos auditorías que analicen el porqué de la subida de un 47% en el gasto durante los Gobiernos de Ximo Puig.
El presidente valenciano anuncio en su día que 50 de los 54 entes presentan irregularidades y que se adjudicaron 254.000 contratos a dedo por un valor de 713 millones de euros.
La previsión es que los trabajos de la comisión (cuyo calendario se fijará en próximas fechas) se extienda durante, al menos, el próximo año y medio. Un desgaste grande para PSPV y Compromís si en el transcurso de la misma salen a la luz irregularidades apoyadas en la auditoría ordenada por el Gobierno valenciano.
Conocer la verdad
El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Fernando Pastor, afirma que “la comisión de investigación tiene como misión querer conocer toda la verdad sobre el gasto desmesurado de las entidades botánicas”.
Pastor será el portavoz en dicha comisión de investigación en la que asegura que “no va contra nada ni contra nadie. Va a favor de que no vuelva a ocurrir el desmadre con el uso y el abuso del dinero público y no lo dicen los políticos, lo dicen los informes de la intervención y de la sindicatura”.
Visión diferente tienen en PSPV y Compromís. José Muñoz y Joan Baldoví, recelan del propósito real de la comisión impulsada por PP y Vox, aunque están "tranquilos" con todo lo que hicieron durante los 8 años de Gobierno en coalición.
Encontronazo legislativo
Otro punto de roce de la legislatura en las Cortes Valencianas va a llegar en el actual período de sesiones con las cinco leyes que PP y Vox van a llevar por el trámite de urgencia al pleno del próximo miércoles. Proyectan cambios en la Radiotelevisión pública valenciana, la agencia Antifraude, la Ley de Memoria Histórica (que se denominará de Concordia), la elección de mayorías en el Consell de Transparencia o la Ley Educativa.
Compromís y PSPV se oponen frontalmente y han desplegado una serie de recursos que abarcan los trámites parlamentarios con enmiendas a la totalidad, así como recursos judiciales que pueden llegar al Tribunal Supremo y a organismos internacionales como la ONU.
Así, el Parlamento autonómico valenciano vuelve a su 'tradicional' ecosistema de confrontación exacerbada de los diferentes grupos políticos que ha sido una tónica con especial acentuación desde el año 2007.
La entrada en escena de Compromís atomizó la izquierda valenciana y obligaba a una escalada dialéctica para dominar ese espacio del hemiciclo. Igual sucedió con la aparición de Vox y Ciudadanos en el arco parlamentario de la derecha. La dinámica agria continúa esta legislatura.
