La empresa Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. –investigada en el 'caso Mediador'– que logró tres contratos del Ayuntamiento de Valencia carecía de licencia de actividad en el momento de las adjudicaciones. La citada sociedad que dirigía José Santiago Suárez Esteve estaba radicada en el municipio de Paterna y el ayuntamiento de esta localidad valenciana decidió denegarle la solicitud de licencia al estar ocupada la dirección aportada por otra compañía diferente.
El expediente de solicitud de la empresa –al que ha tenido acceso Vozpópuli– comenzó el 13 de octubre de 2021 con la presentación de declaración responsable ambiental para el ejercicio de la actividad de reparación y venta de drones, en la calle Algepser número 20 de Paterna. El Ayuntamiento de la localidad les requirió el 11 de noviembre de 2021 para que subsanaran una serie de reparos, de acuerdo con el informe emitido por los servicios técnicos municipales.
De acuerdo al artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurridos tres meses sin que se hubiesen aportado los documentos requeridos se produce la caducidad del expediente y se procede al archivo de las actuaciones, sin otro aviso.
Una empresa distinta al titular del expediente
No obstante, el Ayuntamiento de Paterna fue laxo con los plazos y después de enviar el 24 de septiembre de 2021 un escrito previo a la caducidad del expediente, sin tener respuesta ,y un segundo aviso el 26 de octubre de 2021, también sin contestación, ordena una inspección de la dirección que Asesoramiento y Servicios de Drones S.L. había facilitado como sede.
Como resultado de la inspección, el Jefe de Edificación y Usos del Ayuntamiento de Paterna emite un informe en que hace constar que "realizada la visita de inspección al emplazamiento anteriormente indicado, se puede comprobar que la nave en cuestión está ocupada por una empresa distinta a la titular del expediente".
El Ayuntamiento de Paterna cumplió así con el artículo 69.2 de la Ley 6/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades de la Comunidad Valenciana, según el cual el consistorio "podrá verificar la documentación presentada y, en su caso, requerir su subsanación, así como efectuar visita de comprobación a la instalación".
Denegada la licencia
Eva Pérez López, teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Paterna determina que con fecha 26 de diciembre de 2021 se procede a la caducidad del expediente, por lo que a la empresa se le deniega la licencia de actividad "al no haber presentado la documentación requerida dentro del plazo otorgado y no encontrarse ya en dicho emplazamiento".
Los tres contratos menores que el Ayuntamiento de Valencia adjudicó a la empresa de José Santiago Suárez tuvieron lugar el 24 de marzo de 2021 , el 22 de junio de ese mismo año y el 27 de junio de 2022. Los dos primeros se adjudicaron pues sin tener licencia de actividad la citada empresa y el tercero, difícilmente la tendría, ya que los plazos de la administración para subsanar y entregar la documentación requerida no suelen bajar de un año.
Es la empresa en este caso la que debería haber hecho señalar que carecía de licencia de actividad pero en la declaración responsable previa a la adjudicación del segundo contrato, a la que ha tenido acceso este medio, la gerente de Asesoramiento y Servicio de de Drones S.L. no lo reflejó en su escrito del 5 de mayo de 2021.
Hay que recordar que las concejalías de Policía y Bomberos (dirigidas por el PSOE) fueron las que contrataron ls tres contratos menores. Uno de 14.025 euros para comprar dos drones, otro de 2.299 euros para adquirir protectores de hélices y baterías extra y un tercero de 1.161 euros para comprar 6 baterías y 2 hélices.
En el procedimiento de la primera de las adjudicaciones la concejalía solicitó presupuesto a cuatro Alkime Consultores S.L., Mars Intelligence, ASDT Systems Europe S.L. y Asesoramiento y Servicio de Drones S.L. Las dos últimas son las que presentaron oferta y al final se optó por la de precio inferior que era la de José Santiago Suárez Esteve, tal y como refleja el expediente de contratación.