Comunidad Valenciana

Los españoles ven a los políticos como principales culpables de la corrupción

La Agencia Valenciana Antifraude ha presentado una encuesta realizada en todo el territorio nacional en la que los españoles consideran que los políticos son los más corruptos, seguidos de los empresarios y los funcionarios

  • Joan Llinares (izqda), director de la Agencia Valenciana Antifraude, junto al catedrático Fernando Jiménez -

El 60% de los españoles consideran a los políticos como los más corruptos, según la primera Encuesta de Percepción de la Corrupción en España y la Comunidad Valenciana que ha presentado hoy el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares. Los empresarios seguirían a los políticos en esta clasificación como los más corruptos, según el 47% de los encuestados, y después los funcionarios (39%) y el resto de los ciudadanos (36%).

A pesar de considerar que los políticos son los más corruptos y, ante la pregunta de las razones por la que se votó a políticos corruptos, la mayoría ha respondido “porque los candidatos son del partido con el que simpatizas”. El resto de razones esgrimidas por orden de relevancia son “porque se han beneficiado de los favores del candidato y siente gratitud” y “porque consideran que todos los políticos son corruptos y por eso da igual a quién se vote”.

La encuesta ha sido presentada por el director de la Agencia, Joan Llinares, junto al Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y responsable de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública, Fernando Jiménez. En este muestreo de 1.500 entrevistas también ha colaborado Luis de Sousa, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa.

El séptimo problema

Los resultados de esta encuesta ofrecen por primera vez una radiografía de la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a diferentes aspectos relacionados con la corrupción y la ética y la integridad pública. Entre los principales problemas que preocupan a la ciudadanía la subida de precios ocupa el primer puesto con un 21,4%, seguido por la política en segundo lugar (20,3%). La corrupción ocupa el 7º lugar con un 2,3%.

En cuanto a la percepción de si la corrupción aumentó o disminuyó en el último año, el 43,34% de la población considera que ni aumentó ni disminuyó. Sin embargo, el porcentaje de personas que creen que aumentó es del 43% a diferencia del 13% que piensa que la corrupción disminuyó en mayor o menor medida.

Si vemos los datos obtenidos en el caso de la Comunidad Valenciana la inflación ocupa también el primer lugar aunque en un porcentaje menor (18,8%) mientras que la corrupción cae al 8ª puesto con un 1,5% por debajo de temas como los efectos de la guerra de Ucrania.

En cuanto a la confianza con las instituciones son las Fuerzas Armadas, la Policía y la Unión Europea las que gozan de mayor respaldo por parte de la ciudadanía en el conjunto del territorio nacional. En el otro extremo el Gobierno, el Congreso de los Diputados y los partidos políticos son los que generan menos confianza en los españoles.

En la encuesta también ser recoge lo que la ciudadanía entiende por corrupción y la mayoría expresa que “el comportamiento tiene que ser ilegal para ser considerado corrupto”. Llama la atención cómo gran parte de la población considera que “si la acción irregular se realiza por una causa justa, no es corrupción” o “si el resultado de una acción es beneficioso para la población en general, no es corrupción”.

En otra de las preguntas que se recogen en la encuesta se pregunta qué es lo que consideran más importante para tener éxito económico en España y la mayoría opina que “tener buenos contactos y cultivarlos” mientras que en segundo lugar se considera que es más importante “tener buenas ideas y esforzarse en explicarlas”.

Ante la pregunta de si alguna vez algún funcionario le ha pedido regalos o dinero el 94% de los encuestados ha respondido que “nunca”. Sobre la protección que reciben las personas denunciantes de corrupción en nuestro país la mayoría piensa que “proteger a las personas que denuncian la corrupción es una obligación para toda la sociedad” seguido por los “denunciantes de corrupción pueden ser objeto de múltiples represalias” y en tercer lugar y, muy por debajo de las dos anteriores, se encuentra que “los denunciantes de corrupción ya están suficientemente protegidos por la policía y los jueces”.

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