La evolución de la macrocausa judicial denominada Azud inquieta en el PSPV por el efecto que puede tener sobre el discurso de la corrupción que los socialistas han mantenido en la última década en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig y sus socios de Compromís y Podemos se montaron sobre el caballo de la ola social y judicial que asediaba al Partido Popular valenciano en 2015 y acabó por convertirse en un símbolo que acabó con la pérdida del poder institucional de los populares y la llegada de los socialistas y nacionalistas.
El registro practicado el pasado martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las sedes de cuatro empresas (Acciona, Acuamed, Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (FACSA) y Construcciones Luján) puede suponer una enmienda a la totalidad de ese discurso que patrimonializaba la corrupción en las siglas del PP.
El juzgado de Instrucción 13 de Valencia trata de avanzar en la investigación, junto a la Fiscalía Anticorrupción, y desentrañar el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos y suelos de titularidad municipal en Administraciones de distinto ámbito y que afecta hasta el momento a unas 60 personas que están investigadas por la posible comisión de delitos como prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
Entre ellos, la inmensa mayoría son políticos del PSPV, del PP, empresarios y abogados que habrían colaborado en este modelo de proceder delictivo para amañar contratos y cobrar dinero de manera fraudulenta. La causa se desarrolla desde hace cinco años pero lo que en un principio iba a ser 'sólo' una causa contra el cuñado de la fallecida alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, (José María Corbín), y su mano derecha en el Ayuntamiento, Alfonso Grau, se fue extendiendo como una mancha de aceite afectando a militantes y dirigentes socialistas que, en torno a la figura del empresario Jaime Febrer, habrían colaborado en la trama.
Pago de campañas electorales
Es el caso del exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Rafael Rubio; José Luis Vera, uno de los abogados más influyentes en el PSPV y que en la actual legislatura ha estado al abrigo de la Diputación de Valencia; y Pepe Cataluña, antiguo responsable de las finanzas del PSPV. Y es precisamente en el registro practicado en la casa de este último en Gilet –donde se descubrió abundante documentación con anotaciones comprometedoras– cuando surgió con fuerza la posibilidad de que parte de los ingresos obtenidos de manera ilegal fueran a pagar campañas electorales de los socialistas valencianos.
Azud extiende sus tentáculos en muchas direcciones y hay cinco piezas bajo secreto de sumario y es difícil de aventurar quién y cuántos afectados más pueden surgir. Lo que sí es evidente, según han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación, es que la pieza que surgió con el registro de la casa de Pepe Cataluña sería la más próxima a poder levantar el secreto. La intervención de la UCO en las empresas del pasado martes se deberían precisamente a evitar que se pudieran destruir pruebas.
La investigación de la UCO se centra en esta pieza en las adjudicaciones de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó en el año 2006 –con Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero– y que podrían haber supuesto el cobro de comisiones por una cantidad superior a los 2 millones de euros. El destino de esas 'mordidas' habría sido el pago de la campaña electoral del PSPV de 2007. En definitiva: la financiación ilegal de los socialistas valencianos.
Tesis menos eficaz contra el PP
Como esa figura penal no estaba determinada cuando se produjeron los hechos, la investigación de esta pieza se realiza bajo el tipo penal actual de cohecho. Sea como sea, ésto es lo que más preocupa en Presidencia de la Generalitat porque el principal arma arrojadiza contra el PP perdería eficacia.
El PPCV que ahora preside Carlos Mazón tiene que afrontar en los próximos meses sobresaltos como el resto de piezas de Azud que afectan a políticos que tuvieron responsabilidades de gobierno y verá como se juzga a Francisco Camps en la Audiencia Nacional (por la adjudicación del expositor de Fitur 2009) y, quizás ya después de las elecciones municipales, llegaría el juicio a otros dos expresidentes de la Generalitat como Eduardo Zaplana y José Luis Olivas por cobro de 'mordidas' a cambio de adjudicaciones en el Plan Eólico y las concesiones de Inspección Técnica de Vehículos.
Ese cuestionamiento al proceder del PP en aquella época, sin embargo, ya tuvo el pago de la factura electoral en 2015 y 2019, pero no supone nada nuevo para los ciudadanos en la cita prevista para 2023. La irrupción del PSPV en este jardín judicial sí es por contra una novedad pese a pertenecer a la misma época.
Puig tuvo que remodelar el Consell
Para Ximo Puig este asunto judicial siempre ha sido un quebradero de cabeza y, de hecho, forzó la remodelación del Gobierno valenciano. El portavoz del PSPV en las Cortes durante la mayor parte de la legislatura, Manolo Mata (abogado de profesión), decidió defender al empresario Jaime Febrer que está en el centro de todas las acusaciones en el caso Azud. Es la pieza clave y nexo de unión entre empresarios y políticos: generaba el dinero suficiente a través de su entramado de empresas para pagar 'mordidas' que luego le facilitaban la adjudicación de contratos.
Pues bien, Mata –que amagó con compatibilizar su desempeño en las Cortes con la defensa del cabecilla de Azud– tuvo finalmente que abandonar la portavocía en la Cámara autonómica y también la vicepresidencia del PSPV. Puig no quería mezclar las cosas y cuando Mata dejó su cargo lo calificó como "una decisión acertada porque había conflicto de intereses".
La salida de Mata fue el detonante para que Puig remodelara su Gobierno y la consellera de Sanidad entonces, Ana Barceló, fue a la portavocía de las Cortes y hubo un efecto dominó en varias carteras del Ejecutivo autonómico valenciano.
Influencia de Pepe Cataluña en el PSPV
Además, otro de los epicentros de este caso es Pepe Cataluña, una de las personas con más influencia y amistades dentro del 'antiguo' PSPV, que encarna el mismo presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Cuando Pepe Cataluña era alcalde de Gilet (población de la comarca del Camp de Morvedre de apenas 3.000 habitantes) y responsable de finanzas del PSPV, Puig era ya alcalde de Morella y diputado autonómico. La relación siempre fue fluida entre ambos, también cuando a propuesta del partido Cataluña fue elegido durante un periodo vicepresidente de Bancaja (luego Bankia y hoy Caixabank).
A Cataluña se le atribuye, y realmente lo tenía, un gran peso en el PSPV y su punto de partida siempre ha estado ligado al lermismo –la corriente seguidora del expresidente de la Generalitat Valenciana y hoy senador, Joan Lerma– pero también ayudó a Puig a llegar a la presidencia autonómica. La juez que está instruyendo el caso también comparte esa visión de poder del exresponsable de Finanzas del PSPV en el partido y en uno de sus autos cita que «no ostentaba cargo orgánico en el partido pero tenía un gran peso y mando en el mismo podía actuar con total libertad» en el momento de los hechos que se investigan.
Ayudó en 2015 a Puig en su campaña
Una muestra de ese poder se comprobó en la campaña electoral de 2015 que acabó con Puig como jefe del Consell. Pepe Cataluña organizó un acto de campaña en Gilet (el 10 de abril) y reunió a todos los candidatos del PSPV a las alcaldías de la comarca del Camp de Morvedre junto al líder del partido y entonces candidato a la Generalitat, Ximo Puig. A las 14,30 horas se produjo aquel encuentro.
Esa relación parece que continúa hasta la fecha porque a Pepe Cataluña se le ha visto entrar varias veces en la sede del Gobierno valenciano de la plaza Manises en los últimos meses. Esas idas y venidas contrastan con la suspensión de militancia que el PSPV aplicó a Cataluña cuando explotó la segunda parte del caso Azud. La formalidad es que ya no es militante pero la realidad indica que, aunque en menor grado, esa relación persistiría.
Invitó al presidente valenciano a la boda de su hija
La investigación al exalcalde de Gilet también truncó un acontecimiento social hace cuatro años cuando Puig iba a acudir a la boda de la hija de Pepe Cataluña, (1 abril de 2018) pero declinó finalmente asistir por el caso Azud que empezaba a tomar un cariz peligroso para el PSPV y la foto no procedía. A aquella boda también estaba invitada, entre otros, y optó por no ir por la situación judicial sobrevenida, Carmen Montón (entonces consellera de Sanidad y a los pocos meses ministra del ramo).
Es por esa relación de tantos años que Cataluña mantiene con dirigentes socialistas (como también es el caso de Jose Luis Vera, abogado que durante décadas ha estado en la vida interna del PSPV e investigado en la causa), por lo que preocupa la evolución del caso y un eventual levantamiento del secreto de sumario que pudiera revelar acontecimientos de hace 15 años pero con vigencia en cuanto a la relación personal con muchos dirigentes actuales.
Cataluña reunió durante muchos años a la plana mayor del PSPV en Gilet. Desde la década de 1980 empresarios y dirigentes socialistas valencianos confraternizaban alrededor de una buena comida (arroz normalmente) y ese encuentro estival quedó institucionalizado como una cita ineludible en el calendario del PSPV. Ahora, y a la espera de que la juez arroje más luz sobre esta pieza, el socialismo valenciano contiene la respiración.
