La difícil situación que vive Ford Almussafes ha obligado al Gobierno valenciano a elevar la voz y pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que active el mecanismo RED de Fleixibilidad y Estabilización del Empleo para proteger a los trabajadores de los numerosos despidos que se prevén.
El presidente valenciano, Carlos Mazón, se suma así a la petición que ya realizó el sindicato mayoritario de la factoría, UGT, el pasado mes de abril para intentar mantener el empleo ante crisis sectoriales.
Hasta la fecha la petición de UGT ha caído en saco roto y la del Gobierno valenciano, oficializada ayer, también.
Consejo de Ministros
Todo depende de la luz verde del Consejo de Ministros que hasta ahora no se ha activado. Los fondos de ese mecanismo de protección del empleo, que como recuerda Mazón, "son miles de millones de euros", ya están en poder del Gobierno español y el jefe del Consell pide que se concedan "mientras dure esta situación".
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha expresado en las últimas ocasiones en las que ha sido consultada por esta cuestión que "los responsables del Ministerio de Industria son los que tienen que analizar la situación".
Difícil en el corto plazo
Pese a que Bernabé reitera que el Gobierno pone todos los recursos para "favorecer a las industrias que son motor económico" de la Comunidad Valenciana, como es el caso de Ford, lo cierto es que las fuentes consultadas por Vozpópuli descartan que el mecanismo RED se active para la factoría de Almussafes en un corto plazo.
Lo que sí va a hacer la Generalitat Valencia, según su presidente, es crear un grupo de trabajo con el sector de la automoción de la Comunidad Valenciana "para que sigamos posicionándonos y avanzando como clúster nacional de la automoción", como adelantó ayer en la Cope.
Grupo con los implicados
En este grupo estarán implicados la Generalitat (a través de las consellerias de Innovación, Industria, Comercio y Turismo; Hacienda y Economía; así como Educación, Universidades y Empleo).
Junto a estos departamentos del Gobierno valenciano estarán los representantes de Ford, la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, Femeval, agentes sociales y AVIA con el fin de mitigar los efectos de la crisis del sector provocados por la transición al coche eléctrico.
Mazón entiende que la situación de Ford “es un asunto nacional” que afectará no solo a los trabajadores de la fábrica sino también a todo el parque de proveedores, así como al sector de la automoción tanto de la Comunidad Valenciana como del resto de España.
Sin cifra aún de afectados
La multinacional estadounidense, mientras, se reunió ayer con los sindicatos pero no pudo concretar el número de despidos que contempla en el Expediente de Regulación de Empleo que tiene planteado.
Habrá una nueva reunión mañana en la que también se seguirá avanzando en el ERTE que tiene abierto paralelamente la compañía por la bajada de producción drástica en la factoría. La intención es que ese ERTE vaya más allá del 20 de junio y prorrogarlo mientras se concreta el número de despidos del ERE.
Ford asegura que mantiene la apuesta de que Almussafes sea su factoría en Europa y que fabrique en un futuro los vehículos eléctricos de la marca, aunque esos planes se han retrasado y lo único que garantiza es que a partir de 2027 se ensamblarán 300.000 unidades de un vehículo multienergía (híbrido) que se sumarán a las que ahora se montan del modelo Kuga (unas 145.000 en 2023).
El problema que ha originado el último ERE, a falta de concretar el número de afectados, es el período productivo valle que se abre desde ahora y hasta 2027 que se circunscribirá a la fabricación del Kuga, lo que hace innecesario mantener a la totalidad de la plantilla que se sitúa en la actualidad en torno a los 4.800 empleados.
Cinco años dramáticos
Las previsiones de que haya elevadas bajas en este nuevo ERE, el cuarto en 5 años, contribuye a que las cifras del empleo de Ford en Almussafes sean muy alarmantes en la última década. En 2015 eran 9.200 los empleados que jalonaban esta factoría, aunque en torno al 40% de ellos eran eventuales, según los datos facilitados por la empresa del óvalo.
La cuesta abajo desde entonces ha sido muy pronunciada hasta llegar a los algo más de 4.800 empleados que hay en la actualidad. Ya en 2018 llegaron los Expedientes de Regulación Temporales de Empleo por el descenso de ventas de casi todos los vehículos que se fabricaban en Almussafes.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea y la irrupción de la pandemia del COVID agravaron la situación y de los ERTE's se pasó a los ERE's.
En 2020 cayeron 350 empleados, en el primer ERE de esta década. Al año siguiente, en 2021, los problemas que se habían generado se enquistaron durante muchos meses de deficiencias en la cadena de suministros (especialmente la falta de semiconductores). El resultado es que se aplicó un segundo ERE que afectó a 630 personas.
A pesar de que en 2023 se cerró el pacto para que Almussafes fuera quien fabricara en el viejo continente los vehículos eléctricos de Ford en el futuro, la factoría no pudo eludir un tercer ERE que en esta ocasión se planteó para 1.140 trabajadores y que finalmente se quedó en 950.
Si en las próximas fechas se confirman los peores pronósticos al respecto de que los despidos planteados por Ford rocen o superen los 1.000, serían más de 3.000 los trabajadores que han tenido que abandonar su puesto en la primera multinacional que se instaló en la Comunidad Valenciana.
