La juez del caso Azud ha aceptado finalmente la personación de PP y Vox como acusación popular, aunque afea que lo hagan en estos momentos previos a la celebración de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. "Ninguno de los partidos ha intentado personarse, por lo menos desde el levantamiento del secreto, personándose en este momento cuando nos encontramos inmersos en pleno período electoral, de lo que podría inferirse los verdaderos motivos de dichas personaciones", explica la magistrada de instrucción 13 de Valencia.
En su auto la juez muestra su sorpresa por la petición de ambas formaciones, en el caso del PP porque las razones esgrimidas en su petición de ser aceptados como acusación popular "nada tienen que ver con la instrucción de la presente causa cuyos hechos penalmente relevantes se encuentran fijados y a ellos habrá que atenerse" y en el caso de Vox porque "ni tan siquiera se expone algún motivo o razón para ello, simplemente alega que no precisa formular querella para personarse y que está exento de presentar fianza".
Vox y Corbín
El escrito también analiza la relación entre Vox y alguno de los investigados "en concreto con José María Corbín Navarrete, principal investigado y eje sobre el cual ha pivotado la totalidad de la causa, a mayor abundamiento, cuñado de la alcaldesa de Valencia en la época en que sucedieron los hechos".
Dicha relación, prosigue la juez, quedó patente "cuando se produjeron las imputaciones al Sr. Corbín y a su hija María Rita Corbín, entre otros miembros de su familia, pues en una información fechada el 4 de abril de 2019, el partido Vox afirmó que ambos 'son militantes de base y no están en ninguna de las dos listas ya presentadas: ni de las autonómicas ni de las generales'”.
El auto recoge que "la presencia de partidos políticos en el proceso penal no es positiva al correrse el riesgo de trasladar la confrontación política al ámbito jurisdiccional con el perjuicio que tal proceder acarrea". Pese a ello, atendiendo a la legalidad vigente la juez acepta la personación de ambas formaciones aunque imponiendo unos requisitos previos solicitados por el Ministerio Fiscal.
El primero de ellos es que cada formación política deberá depositar una fianza de 10.000 euros "que se estima ponderada atendiendo a las circunstancias que concurren en las mismas". El segundo es que ambas formaciones "deberán concurrir bajo una única dirección letrada al defender los mismos intereses, bien entendido que si no concurren conjuntamente actuarán ambas formaciones bajo la dirección letrada de la primera formación que se persona en forma".
Y también se reclama a Vox que "exponga, siquiera mínimamente, las razones o motivos que le llevan a personarse en la presente causa como acusación popular", que a juicio de la magistrada, no están debidamente reveladas en su escrito de petición para unirse a la causa.
Lo importante es que seamos parte de este proceso y conozcamos todas las cuestiones sobre una supuesta financiación irregular del PSOE valencianoMaría José Catalá
La portavoz del PP en las Cortes Valencianas, María José Catalá, ha explicado al conocer esta decisión que "recurriremos el auto en lo referente a la dirección letrada única, ya que entendemos que debemos tener cada formación una asistencia jurídica por separado".
De igual modo, Catalá ha adelantado que recurrirán la fianza fijada para intentar que sea una cantidad menor "por motivos técnicos". Ahora bien, cuestionada sobre si desistirían de personarse si finalmente no se atiende esta petición ha asegurado que "haríamos frente a ella porque lo importante es que seamos parte de este proceso y conozcamos todas las cuestiones sobre una supuesta financiación irregular del PSOE valenciano".
Por otro lado, las Cortes Valencianas debatirán en el último pleno de la legislatura sobre la petición del PP de crear una comisión de investigación sobre el caso Azud. En caso de que los votos fueran favorables, la comisión quedaría pendiente a la espera de que, después de las elecciones, se pudiera activar en el próximo periodo de sesiones.
