La última sesión del juicio del denominado caso Alquería que investiga la legalidad de los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra dependiente de la Diputación de Valencia (hoy ya extinguida) ha servido para que los acusados y sus defensas hicieran un último uso de la palabra en el que el denominador común ha sido lamentar el daño personal y profesional que les ha causado la instrucción de este caso.
El hilo conductor de las exposiciones de los acusados ha sido la de asegurar que ellos sólo iban a trabajar y que se han visto envueltos en este caso por la presencia de políticos. Es el mismo argumentario que ya utilizó el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y todos han seguido el mismo guión que ha acabado con la petición de absolución de sus defendidos.
No ha habido en sus intervenciones, como es lógico, ni rastro de los peritajes de la Intervención General de la Administración del Estado que se pusieron de manifiesto durante el juicio y que considera "ilegales" los contratos de alta dirección que impulsó Jorge Rodríguez y que aseguraban que ninguno de los contratados realizaron tareas de alta dirección.
Un órgano paralelo
Tampoco se ha aludido a los registros y la documentación descubierta por la UDEF en el despacho de Jorge Rodríguez que demostrarían que hubo un reparto de competencias entre los altos cargos en función de si sus padrinos políticos venían del PSPV o de Compromís. En total 1,1 millón de euros costaron esos contratos a las arcas públicas en un organigrama que formó según el relato de la UDEF y del fiscal un órgano paralelo al Consejo de Administración de la empresa pública.
La otra línea de las defensas ha sido la que ya han apuntado durante este juicio que se ha desarrollado desde el pasado 19 de septiembre en la Audiencia Provincial de Valencia y que no es otra que la de defender que el caso enjuiciado debería haber sido analizado en el ámbito del contencioso-administrativo y no en el penal. El fiscal opina lo contrario y así lo expuso en sus conclusiones al igual que hicieron los abogados de la acusación (Acción Cívica y PP).
Mata pone en solfa Alquería, Erial y Azud
Alguno de los letrados como es el caso de Manolo Mata (exportavoz del PSPV en las Cortes) ha ido más allá y ha cuestionado la forma de proceder entre 2015 y 2019 por parte de un fiscal instructor para "investigarlo todo, sin acotar", por lo que cree que el origen que ha dado lugar a casos como Alquería, Taula o Azud ha sido poco garantista.
Ahora le corresponde a los miembros del tribunal valorar y analizar toda la documentación y testimonios prestados durante el juicio y redactar una sentencia que probablemente no se conocerá antes de cuatro o cinco meses. Los acusados se enfrentan a penas de 8 años de prisión como es el caso de Jorge Rodríguez; el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; para el asesor Manuel Reguart y para los dos exgerentes, Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV). El fiscal y las acusaciones les atribuyen la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.
Las siete personas contratadas como altos cargos se enfrentan, por su parte, a 6 años de prisión por falsedad documental y malversación de caudales; así como el letrado-asesor de la empresa pública, Jorge Cuerda y el otro gerente de la empresa pública Divalterra, Xavier Simón, por falsedad, malversación y, en el caso de los dos últimos, prevaricación.
