La ex vicepresidenta y ex consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha declarado hoy ante el juez como imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, sobre una menor tutelada y por los que él está condenado a cinco años de prisión, en una sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo. En esta declaración –que ha durado más de siete horas– Oltra se ha desligado de la actuación en este caso tanto de sus subordinados en la Conselleria como de la dirección del centro de menores Niño Jesús de Valencia.

Oltra ha comenzado su declaración pasadas las 10 horas y a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, acompañada de su abogado, Daniel Sala, ha explicado ante los medios de comunicación que "vengo tranquila y serena". A las puertas del edificio judicial le esperaban para apoyarla numerosos compañeros de Compromís, entre ellos, la diputada autonómica Isaura Navarro; el concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezz; o la secretaria general de la formación nacionalista, Águeda Micó.

El juez instructor, Vicente Ríos, ha dirigido sus preguntas fundamentalmente para tratar de averiguar si Oltra ordenó al departamento que dirigía en el Gobierno valenciano un informe paralelo a la investigación judicial; el objeto de dicho informe que ha generado una controversia con sus subordinados; y también porqué no se comunicó este caso al fiscal hasta pasados unos meses. Son cuestiones que el juez ya reflejó en su día en su escrito al TSJCV.

La exdirigente de Compromís ha mantenido que no dio instrucciones para que se elaborara un informe –y que fue una iniciativa de la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero–. También se ha desentendido de la actuación de los técnicos de la Conselleria –que no preguntaron a la menor si había sido objeto de abusos durante la entrevista que mantuvieron con ella– y ha considerado que todas las actuaciones de los profesionales se hicieron desde la buena fe y partiendo de sus conocimientos.

En general ha afirmado que desde que se enteró del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada no supo nada de la gestión que se hizo del mismo. Tampoco ha entrado a valorar porqué la dirección del centro de menores tutelados en el que se registraron los hechos y no consideró atender la petición de la menor de ser trasladada de centro.

Ahora, a esperarMónica Oltra

A su salida de la Ciudad de la Justicia –pasadas las ocho de la tarde– Oltra ha explicado a los medios de comunicación que "ha sido un día muy largo" y ha confirmado que "durante estas siete horas he contestado a las preguntas de su señoría, a las del Ministerio Público y a los letrados y letradas de las defensas, siempre desde la transparencia".

No es momento de pensar en la política

"He entrado serena y tranquila y salgo serena, tranquila y un poco más cansada. Espero que todas las explicaciones que he dado convenzan a quien tienen que convencer. Ahora, a esperar", ha indicado. En cuanto a su futuro político ha declinado hacer predicciones y ha asegurado que "ahora no es el momento de eso".

A raíz de esta declaración y con los nuevos elementos que el juez estime que se hayan podido producir, el titular del Juzgado de Instrucción 15 deberá decidir si sigue adelante con el caso o se inclina por su archivo.

Hay que recordar que Mónica Oltra ha declarado en el marco de las diligencias que se siguen contra ella y otros 13 investigados, altos cargos que trabajan en el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas que ella dirigía, por la gestión de este caso de abusos a la entonces menor.

La citación, que se dio a conocer en julio, se produjo después de que el procedimiento haya regresado al Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, órgano que originó la investigación, tras la pérdida de aforamiento de Oltra al dimitir de todos sus cargos el pasado 21 de junio.

Indicios de delito

Inicialmente, en el transcurso de la instrucción, centrada sobre los altos cargos y técnicos, el juez detectó indicios de delito "racionales, serios y fundados" contra la propia Oltra, que en ese momento era aforada, con lo que se tuvo que inhibir en favor del tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJCV, órgano competente para investigar a quienes ostentan esta condición.

El alto tribunal valenciano, tras estudiar el asunto, decidió imputar a Oltra y la citó a declarar en julio al apreciar "una serie de indicios plurales" que hacían sospechar la posible existencia de un concierto entre la exvicepresidenta y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada".

Sin embargo, días después la exvicepresidenta decidió renunciar a todos sus cargos públicos, incluida el acta de diputada, con lo que perdió el aforamiento. De esta manera, la causa regresó al juzgado original, ante el que ha declarado hoy.

En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en el centro Niño Jesús de Valencia una menor tutelada, de entonces 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Está pendiente el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo.

Denuncia de la menor

Tras la condena, la menor denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial que ha desembocado en la imputación de Oltra.

La exvicepresidenta anunció en una rueda de prensa el 21 de junio que dejaba todos sus cargos porque, según dijo entonces, no quería que se pararan las políticas del Gobierno del Botànic a raíz de un caso que "pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país", expuso. "Me voy con la cara bien alta sabiendo la infamia que es esto, pero también con los dientes apretados, bien apretados", declaró.

Interferir en un procedimiento penal

El juez instructor del procedimiento estimaba en su escrito al TSJCV que "nos hallamos ante un expediente administrativo o una 'información reservada' indiciariamente ordenada por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado".

El juez cuestionaba en primer lugar que, desde el principio ,se haya intentado restar credibilidad a la menor, desamparada y tutelada por la Generalitat; y que las psicólogas no abordaran con ella el tema de los abusos –no fue preguntada por el tema directamente–.

También ponía de manifiesto, entre otras cuestiones, que la Conselleria decidiera, "inexplicablemente", no derivar a la niña al Servicio de Atención Psicológica especializado para valorar a víctimas de abusos sexuales y que se hiciera constar en un informe que la niña recurría a la mentira con frecuencia.

Con este "nulo bagaje", proseguía el juez, a efectos de investigación, se dio por cerrado el tema y se repuso al educador a su puesto de trabajo. Y solo después de cerrada "la investigación" se le pidió su versión de los hechos.

No se informó al fiscal

El instructor no comprendía por qué ni siquiera se informó de los hechos a la Fiscalía para su constancia en el Expediente de Protección de la menor. "Las preguntas se formulan a nivel meramente retórico y revelan una gestión por los profesionales que se califica por sí sola", apostilla.

Por su parte, la fiscal que estudió el asunto en el TSJCV coincidió con el instructor en que se hizo una investigación "superficial", interna, en la que se percibía indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos.

"A la luz de las actuaciones podría alegarse que algún funcionario, técnico, psicólogo, etcétera, se equivocó, pero ¿todos?; ¿todos se equivocaron? Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de todos–autoridades, funcionarios y personas intervinientes– de disminuir la importancia y ocultar los abusos", indicaba en su escrito la fiscal superior del TSJCV.

'Acoso' de la extrema derecha

Los principales dirigentes de Compromís, entre ellos el diputado nacional, Joan Baldoví, mantienen la tesis de que se ha producido un "acoso de libro" que, a su juicio, ha perpetrado la extrema derecha contra la exvicepresidenta, y han sostenido que "muchas veces en la vida cuando pasa el tiempo, la verdad se va poniendo en su sitio". La acusación particular en el procedimiento está ejercida, entre otros, por el líder de España 2000, José Luis Roberto, y la exdirigente de Vox y presidenta de Gobierna-te, Cristina Seguí.

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