Un total de 11 acusados en las piezas B y F del denominado caso Taula han reconocido en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia que cobraron diferentes cantidades de dinero sin ir a trabajar en la empresa de la Diputación de Valencia, Imelsa –luego se llamó Divalterra y ya se ha extinguido– y en la empresa de la Generalitat Valenciana, Ciegsa.

Los acusados han prestado hoy declaración y han apuntado al expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus y al ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla como responsables de sus contrataciones.

Estos 11 acusados –en total hay 25 en este procedimiento– han llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Público por el que han reconocido los hechos y se les ha rebajado la condena, que se ha quedado en 14 meses de prisión.

El primer acusado en declarar en la tercera sesión del juicio ha sido José Estarlich, quien fue testaferro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent (el autodenominado 'yonki del dinero'). Ha explicado, a preguntas del fiscal, que fue contratado en Imelsa pero era una "pantomima" que tenían montada: "El contrato era para que tuviera más tiempo libre con el que hacer gestiones personales y para Benavent. Cobré unos 14.000 euros y los he devuelto", ha dicho.

Necesitaba liquidez y le contrató

El acusado ha manifestado que conocía a Benavent previamente y que éste se ofreció a contratarle porque estaba atravesando por una situación difícil: "Necesitaba liquidez y me contrató para tener dinero mientras en ese tiempo hacía gestiones particulares, mías y para Benavent", ha repetido.

Por su parte, Miguel Ángel Mullor, otro de los acusados y jugador del Olímpic de Xàtiva, ha reconocido que Rus le contrató para trabajar en Imelsa pero no hizo nada allí: "Yo tenía un contrato del equipo y recibía dinero por jugar. Cuando pasé a trabajar en Imelsa cobraba de Imelsa cuando cobraba como futbolista. Fui contratado para asesorar a Isidro Prieto pero no le asesoré. No lo conozco", ha aseverado.

Otro acusado, Raúl Mateo Ángel Balufo, ha expuesto que fue contratado para trabajar en Imelsa y, sin embargo, no desarrolló "ningún trabajo". "Me contrató Emilio Llopis y me dijo que iba a ser su asesor. Nunca le asesoré. He devuelto 67.000 euros que cobré", ha indicado.

Por su parte, el acusado Manuel Gómez Pérez ha declarado que fue contratado para trabajar en Ciegsa: "Me encontraba en paro y pedí trabajo a todo el mundo que tenía a mi alrededor. Al cabo de un tiempo me llamó Emilio Llopis y me dijo que me llamarían de Ciegsa para hacerme una entrevista", ha narrado.

"Me contrataron --ha añadido-- y mostré mi plena disposición al consejero delegado, pero de donde me llamaban y me mandaban trabajo era de la sede del PP de Valencia".

Otro 'zombie', Antonio Gil, ha explicado que fue contratado para trabajar en Ciegsa como alto directivo y cumplía con su trabajo "acudiendo a todos los actos, desde primeras piedras hasta visitar municipios con alcaldes. Eso era para la empresa. Iba todos los días a Ciegsa y cumplía con mi horario", ha dicho.

"Trabajaba en la sede de Pintor Sorolla y luego pasé a Hernán Cortés. Estoy diciendo la absoluta verdad porque tengo un currículum intachable. Luego me hice afiliado al PP", ha narrado.

Seguía instrucciones de Ricardo Costa

Tras estas declaraciones iniciales de Gil, su letrada ha pedido hacer unas aclaraciones y es en ese momento cuando, preguntado por si siempre ha estado trabajando en Ciegsa, ha señalado que "no". "Fue un año o año y medio en Ciegsa y luego he trabajado en la sede del PP. Hacía falta en el partido y tenía que ir para allá, lo saben la mayoría de los que me conocen. Seguía instrucciones de Ricardo Costa o algunos de los que estaban allí", ha añadido.

Por otro lado, Eva Luisa Sarrión, otra acusada, ha indicado que fue contratada para trabajar en Imelsa pero que no hizo ningún trabajo allí: "Me contrató Benavent --exgerente de Imelsa-- y cobré por ello", ha confesado.

Otro acusado, José Alfonso Vedri, ha afirmado que Imelsa le debía dinero y pidió a Benavent que saldaran la deuda. El exgerente, ha explicado, le propuso que la empresa pública contratara a dos de sus trabajadores durante cuatro meses aunque no trabajaran para Imelsa y aceptó: "Los dos trabajadores contratados por Imelsa durante cuatro meses trabajaban para mí pero les pagaba Imelsa", ha resumido. Esta afirmación ha sido corroborada por los dos empleados, también acusados.

Raúl Pardós, otro de los acusados, ha indicado que firmó dos certificados en los que se indicaba que Francisco Cañizares estaba adscrito a su cargo como consejero de Imelsa pero esto no era así: "Me dijeron que tenía que firmar los certificados y cometí el error de hacerlo", ha dicho.

Por su parte, Juan Sanchís, otro acusado en el procedimiento, ha reconocido que fue contratado como alta dirección en Ciegsa pero que no hizo ningún trabajo y cobró por ello. Ha aseverado que le contrató el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla.

25 acusados

Estas dos piezas, la B y la F, suman 25 acusados, entre ellos, Alfonso Rus; el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV); Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix, entre otros. Se trata del segundo juicio de esta macrocausa, puesto que en mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el 'yonki del dinero' como principal acusado, quien ha sido condenado esta semana a siete años y 10 meses de prisión.

En las piezas que se juzgan ahora, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio –que también está investigado en el conocido como caso Azud–a otros 6, según se desprende de la calificación provisional de la Fiscalía.

Fiscalía atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Así mismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.

Para el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.