La cruzada de Podemos contra las grandes cadenas de distribución alimentaria ha seguido hoy en las Cortes Valencianas con la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) de urgencia en la que acusan al "oligopolio alimentario" de ganar dinero "a espuertas" y a costa de los ciudadanos al no repercutir la bajada del IVA en productos básicos.

En el texto de la PNL se insta al Gobierno de España a que "se proteja a las personas de las dinámicas despiadadas del mercado" y se establezca un precio máximo para los alimentos básicos y frescos de la cesta de la compra de los españoles. Así lo ha expresado la portavoz de Unides Podem-Esquerra Unida, Pilar Lima, junto con los diputados Ferran Martínez y Estefania Blanes y que abunda en la posición exhibida por el vicepresidente segundo del Consell, Héctor Illueca, que tanto malestar ha generado en el PSOE valenciano que lidera Ximo Puig.

Lima ha señalado que espera "contar con el apoyo de sus socios en el Botànic" en esta PNL que en el nivel autonómico plantea estudiar la posibilidad de extender las ayudas económicas de emergencia social para que puedan llegar a más familias valencianas golpeadas por la inflación y que, de esta manera, "puedan acceder a una cesta de alimentos de primera necesidad".

Un nuevo tributo para las grandes distribuidoras

Por su parte, Martínez ha destacado que la PNL incluye también la propuesta de “implementar un tributo que grave los beneficios extraordinarios de las grandes cadenas de distribución alimentaria y grandes supermercados cuyos fondos se destinen a frenar los impactos derivados de la inflación sobre el sector primario, el pequeño comercio y contribuyan a sufragar el coste de la cesta de la compra básica”.

Asimismo, UP-EU anima a que la Comunidad Valenciana sea emprendedora e  impulse la transformación del mercado alimentario reforzando los incentivos fiscales y el apoyo financiero a las empresas agroalimentarias y de consumo bajo formas de propiedad cooperativa en el territorio valenciano que desarrollen su servicio en conexión con sistemas agrarios próximos, locales y sostenibles, promoviendo a su vez campañas informativas sobre las cooperativas de consumo.

En la iniciativa parlamentaria, Podemos lamenta que "cuando un sector estratégico queda únicamente en manos de agentes privados como ocurre con la banca, la vivienda, la energía y la alimentación, la dinámica que impera es la maximización de beneficios pese al perjuicio que esto puede generar en el poder adquisitivo de las mayorías sociales".

"Las consecuencias de la inflación se trasladan íntegramente a los salarios de la mayoría social, transfiriendo al usuario final precios encarecidos donde el margen de beneficio no asume costes, ya que la internalización de los costes debe realizarse en gran medida por quienes están obteniendo unos beneficios extraordinarios derivados del encarecimiento de los precios", han defendido desde la formación morada en el Parlamento valenciano.

Contra Mercadona, Carrefour o Lidl

También han vuelto a la carga contra la posición de cadenas de distribución alimentaria como Mercadona, Carrefour o Lidl. La PNL recoge que según un informe de la consultora Nielsen IQ, Mercadona fue la cadena de supermercados que más cuota de mercado ganó situándose "por encima del 25 % en el sector", a mucha distancia del resto de sus competidoras. Según esta misma fuente, "Mercadona, junto a Carrefour y Lidl ya controlan el 41,4% del mercado de España, algo que las sitúa en una posición de dominación en el mercado alimentario que se traduce en la capacidad para fijar precios, fijar condiciones a los productores y expulsar a la competencia".

Podemos también acusa en su iniciativa a las grandes superficies como "directamente responsables de la especulación del precio de alimentos básicos" y de tener "una parte de responsabilidad en la crisis del sector primario y en la extinción del pequeño comercio alimentario".

Para ello se ampara en las denuncias de "varios sindicatos y asociaciones de productores" que hablan de "presuntas prácticas antisindicales relacionadas con las bajas laborales por enfermedad y conciliación, dinámicas monopolistas y la posición de dominio abusivo que se traduce en contratos que obligan a proveer y producir de forma exclusiva para supermercados concretos". Esto"puede generar una relación de desequilibrio y subordinación de los eslabones más vulnerables de la cadena alimentaria, así como la posibilidad de tomar decisiones arbitrarias e irresponsables por parte de las grandes empresas distribuidoras", concluyen.

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