La hoja del ruta para la licitación de la ampliación norte del Puerto de Valencia no se va a ver alterada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que mantiene una medida cautelar al respecto de si ha de ser la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) o Puertos del Estado (incardinado en el Ministerio de Transición Ecológica) quien debe decidir si hace falta una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para completar esa ampliación portuaria con un nuevo muelle de contenedores.
Lo fundamental en este asunto, que está recurrido en los tribunales, es que tanto el ministerio como la APV mantienen la misma posición. Ambos consideran que no hace falta una nueva DIA más allá que la que ya se elaboró en 2007 para avalar la fase constructiva del dique norte.
El TSJ madrileño ha desestimado las alegaciones de la Abogacía del Estado y mantiene la medida cautelar acordada el pasado mes diciembre por el recurso de la Comissió Ciutat-Port contra el hecho de que la APV tenga capacidad de decidir someter o no a evaluación ambiental el proyecto. Los tribunales no han entrado en el fondo de la cuestión que es la propia ejecución de la nueva terminal de contenedores que está previsto que gestione la multinacional TiL-MSC.
Compromís y Podemos contrarios a la ampliación
La Audiencia Nacional, que derivó en su momento esta cuestión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no entró en el fondo de las peticiones de la citada comisión vecinal que ha sido apoyada en su denuncia desde el principio por Compromís y Podemos. De hecho, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, votó en contra de la ampliación del Puerto en el consejo de Administración de la APV celebrado el pasado mes de diciembre, al igual que el vocal que Compromís tiene representando al Gobierno valenciano, Iván Castañón, que recurrió el acuerdo y pidió su nulidad.
La finalización del muelle de contenedores se ha convertido en una cuestión de confrontación política donde el PP se ha mostrado favorable (salvo Esteban González Pons que ha ido matizando su negativa inicial), al igual que el PSOE valenciano. Compromís y Podemos están claramente en contra y se apoyan en el colectivo vecinal denunciante, así como en las plataformas ecologistas que alertan de que esa infraestructura pondría en riesgo las playas del sur de Valencia y el propio lago de la Albufera.
La asociación que ha recurrido la ampliación entiende que la suspensión cautelar para analizar más adelante quién es competente para declarar la DIA debería paralizar todos los plazos de la licitación que la Autoridad Portuaria de Valenciana ya ha aprobado.
A la espera del Consejo de Ministros
La realidad es que los pliegos para sacar este proyecto constructivo que requerirá una inversión pública de 542 millones de euros van a seguir adelante y se espera que el Consejo de Ministros pueda autorizar en las próximas semanas la aprobación del consejo de Administración de la APV. Antes de eso, los técnicos de Valenciaport deben dar cumplimiento a las 21 observaciones que realizó la dirección general de Costas al proyecto.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ya informó que el periodo de licitación de las obras se hará durante "el primer trimestre de este año" y la adjudicación se producirá antes de que acabe 2023. La construcción del muelle está prevista en unos 58 meses desde el inicio de las obras (aunque la intención es poder acortarlas medio año).
Inversión de 1.564 millones
El acuerdo del Consejo de Administración de la APV supondrá una inversión pública de 542 millones de euros, a lo que habrá que añadir los 1.021 millones euros que aportará la empresa Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC, compañía ítalo-suiza que será la encargada de la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal de contenedores.
La empresa TIL podrá disponer de los 1.000 metros de muelle y superficie anexa aproximadamente a los 24 meses del inicio de las obras de la primera fase, según han confirmado fuentes de la APV. La previsión de TIL es desarrollar una terminal ferroviaria dotada de 6 vías de 1.000 metros de longitud, con capacidad para mover 305.000 TEUs/año por ferrocarril.
El estudio sobre el impacto de la nueva Terminal de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de Valencia que elaboró el Instituto de Transporte y Territorio (ITRAT), con la nueva terminal a pleno funcionamiento, determina que el impacto económico del puerto de Valencia representará en términos de valor añadido el 2,27 % del conjunto de la Comunidad Valenciana.
El empleo superará los 44.000 puestos de trabajo, cuyo salario medio estará en torno a los 32.000 euros anuales. En su conjunto, el Puerto de Valencia representará el 2,2 % de todo el empleo de la Comunidad Valenciana. Así, el empleo total generado por Valenciaport cuando la terminal esté activa pasará de 38.866 (según el informe elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia con datos de 2016) a más de 44.000 empleos y creará más de 5.000 nuevos puestos de trabajo en el entorno del Puerto de Valencia entre directos, indirectos e inducidos.
El cierre de 2022, en negativo
Y mientras se soluciona la polémica ampliación norte del puerto de Valencia, las cifras de actividad del recinto portuario al cierre de 2022 han reflejado una caída de los tráficos totales (-6,92%) y de contenedores (-9,85%) pese a que el Puerto de Valencia mantiene su cuota en el 40% del tráfico importación/exportación del sistema portuario en España.
Hay segmentos donde el Puerto de Valencia sí ha crecido en el número de automóviles gestionados (22,25%) y los pasajeros, tanto de líneas regulares (48,67%) como cruceristas (376%) –beneficiado claramente por el fin de las restricciones por la pandemia de coronavirus–.
La crisis internacional que está afectando a las operaciones empresariales y el intercambio de mercancías mundial que se enfrenta a una coyuntura compleja marcada por la guerra en Ucrania; el mayor neoproteccionismo; la alta inflación; y el alza en los precios de los combustibles o las materias primas está entre los factores que han provocado esta caída.
También se han movilizado un total de 79.365.321 toneladas de mercancías lo que supone un descenso del 6,92% mientras que los TEU's ha sido 5.052.272 con una caída del 9,85%. Ese descenso ya fue adelantado la semana pasada por Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, quien advirtió del "riesgo" que suponen los partidos pequeños en los gobiernos –en referencia a Compromís y Podemos– y que pueden poner en riesgo un motor económico clave para la Comunidad Valenciana como es el Puerto de la capital del Turia.
