La infrafinanciación y el derecho civil valenciano ya no forman parte de un bloque común apoyado por los diferentes partidos. La política valenciana ha vuelto a su estado natural de falta de acuerdo que se extiende durante varias décadas y que ha impedido ejercer un verdadero 'lobby' de presión para la consecución de objetivos que beneficien a los 5 millones de habitantes de la Comunidad Valenciana.
La falta de recursos económicos procedentes del modelo de financiación autonómica, caducado hace diez años, es una losa que pesa en la capacidad de la Generalitat Valenciana para implementar políticas novedosas en materia de empleo y reactivación económica.
Déficit inevitable
Los recursos que llegan, muy por debajo de la media nacional, se destinan casi en su totalidad a intentar garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos básicos. A duras penas se consigue ese objetivo y el déficit inevitable cada año va engordando la deuda pública valenciana por mucho que se contenga el gasto.
El frente común que los políticos valencianos han construido en los últimos años –con el consenso de un grupo de expertos que derivó en un documento con las cifras necesarias para que la Comunidad Valenciana se ponga al día en ingresos económicos del Estado– ha ido resquebrajándose hasta el punto de que cada sigla política vuelve a ir a su aire.
División en las Cortes
Las Cortes Valencianas fueron escenario ayer de esa división que sitúa a la política valenciana muy alejada de los efectivos grupos de presión vascos y catalanes en la defensa de sus intereses.
La iniciativa del PP en la Cámara autonómica para exigir al Gobierno un fondo de nivelación de 1.782 millones de euros anuales (para el periodo 2024-27) no tuvo el consenso de la Cámara, pero sí de la mayoría.
No sorprende que Vox votara en contra porque nunca ha estado a favor de un sistema de financiación autonómico y tampoco de que se condone parte o la totalidad de la deuda histórica. Su concepción centralista del Estado le lleva a rechazar de plano cualquier intento de mejorar la autonomía de cada región española.
Algo más revelador es que el PSPV votara junto a Vox en esta materia. Si los de Abascal no quieren privilegio alguno entre los españoles vivan donde vivan, los socialistas valencianos han decidido echar una mano al Gobierno de Pedro Sánchez y argumentar que el Ejecutivo central ya está compensando en los últimos años la infrafinanciación del territorio.
Diana Morant, ministra con Sánchez y líder del PSPV, evita así tener que reclamar a 'su' propio Gobierno que acelere en la reforma del sistema de financiación.
Es Compromís, quien consiguió que el PP colara en su iniciativa una enmienda transaccional para reconocer la deuda histórica acumulada por la infrafinanciación, el otro grupo que permitió que saliera adelante esta petición al Consell para que inste al Gobierno a mover ficha.
Acuerdo en el fondo, no en la forma
La votación cruzada de bloques ideológicos en las Cortes Valencianas no revela sino la fractura cada vez mayor que existe en la forma, no en el fondo, de cómo reclamar la reforma del modelo de financiación autonómica así como sus plazos.
Ese frente común pasto de las llamas de la polarización política que asola a España no es el único que está desapareciendo en la Comunidad Valenciana.
La recuperación del Derecho Civil Valenciano es una batalla que parece ahora muy alejada del consenso político.
Pese a las firmas de partidos, instituciones, asociaciones y personalidades políticas de primer orden dentro de la Comunidad Valenciana defendiendo esta iniciativa, la acción para reclamar la modificación constitucional que permita recuperar normas consuetudinarias de las que disponen otras Autonomías es cada vez más heterogénea.
Derecho Civil Valenciano en el limbo
La cabeza visible de Juristas Valencianos, José Ramón Chirivella, se ha dejado el alma en la conjura de políticos y sociedad civil para la recuperación de derechos para los valencianos pero, hasta la fecha, sin éxito.
El pasado mes de febrero PP y PSOE, con mayoría en la Mesa del Senado, dejaron fuera la posibilidad de que la tercera reforma constitucional avalada, para que el artículo 49 de la Carta Magna cambiara el término "disminuidos" por "personas con discapacidad", sirviera también para abrir el melón de que la Comunidad Valenciana recuperara la competencia para legislar en materia de derecho civil.
Esta decisión de la Mesa del Senado de no admitir a trámite esta solicitud –que por lo tanto no llegó a votarse en el pleno– fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el senador de Compromís y expresidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera.
Chirivella y Morera exhibieron sintonía el pasado miércoles en esta nueva batalla que se presume estéril para el objetivo final.
La unidad de acción política aquí también se ha perdido como en el caso de la infrafinanciación. Vox no quiere entrar en este terreno por su concepción del Estado, mientras que PP y PSPV no van a tirar piedras contra el tejado de sus compañeros en la Mesa del Senado y tratan de que esta reivindicación se pueda obtener por otros cauces.
Son dos asuntos de calado para los valencianos, sobre todo el de la financiación, que llevan camino (una legislatura más) de perpetuarse en su actual estado pese a que resulte perjudicial para los intereses de la Comunidad Valenciana. La conveniencia política de cada partido se ha vuelto a imponer a la hora de tomar decisiones y mostrar una sola voz.
