El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado que el alcalde en funciones, Joan Ribó, y los concejales del equipo de gobierno se están excediendo en las atribuciones que la ley marca para su situación transitoria hasta que se conforme el nuevo pleno.
El documento al que ha tenido acceso Vozpópuli especifica que son diferentes los "empleados públicos de la corporación municipal que se han puesto en contacto con el Grupo Municipal Popular para advertirnos de diferentes actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento que entendemos exceden de lo que sería la 'administración ordinaria'”.
Cumplimiento de la ley
El escrito está firmado por María José Ferrer San Segundo -que apunta a ser la próxima concejal de Hacienda y Recursos Humanos con el equipo que lidera María José Catalá– y solicita tanto al alcalde como a los diferentes concejales con responsabilidades en las áreas de gobierno que lleven a cabo de inmediato cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la legalidad en el Ayuntamiento de Valencia hasta el próximo 17 de junio día en que se constituirá la nueva corporación municipal".
La advertencia del Grupo Popular a los miembros del Gobierno municipal se basa en el artículo 194 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que establece que "el mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de cuatro años contados a partir de la fecha de su elección, en los términos previstos en el artículo 42, apartado 3, de esta Ley Orgánica".
Además, la citada ley especifica que "una vez finalizado su mandato los miembros de las corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada".
Asuntos cotidianos
La legalidad vigente determina que la corporación municipal en funciones sirva para administrar los asuntos cotidianos, corrientes y habituales de forma que su actividad normal se mantenga y continúe, cumpliendo por tanto con las obligaciones contraídas.
Ahora bien, desde el PP en el ayuntamiento de Valencia recuerdan que –como determina la Junta Electoral Central– "la Corporación saliente deberá abstenerse de adoptar decisiones que puedan condicionar el futuro de la entidad y más concretamente la labor de los nuevos concejales electos una vez que hayan tomado posesión de sus cargos”.
Las actuaciones de Ribó y de alguno de los concejales no parece que estén respetando estos preceptos, según recoge el escrito y también se advierte que “no debe entenderse incluido dentro del ámbito de la administración ordinaria las decisiones en materia de selección o provisión de puestos de trabajo con trascendencia organizativa a medio o largo plazo o que impliquen un juicio de valor o de discrecionalidad política."
Así pues, con esta advertencia desde el PP consideran que será suficiente para que el equipo de Gobierno municipal saliente "no condicione, comprometa o impida las políticas de los nuevos representantes municipales", como recoge el Tribunal Supremo.
Los sindicatos también protestan
Además, el PP del Ayuntamiento de Valencia ha recordado las extrañas circunstancias –la misma semana de las elecciones municipales– en las que se ha procedido a realizar los nombramientos de los tribunales del procedimiento de consolidación por concurso oposición que pretende reducir la temporalidad en la Administración local y donde han sido convocadas más de 600 plazas.
Los propios sindicatos –UGT, CSIF y SPPLB– han denunciado esta situación y han enviado un escrito lamentando esta premura y han solicitado "la suspensión del nombramiento de los mismos hasta la constitución del nuevo gobierno municipal y la inmediata Mesa General de Negociación que se convoque al efecto".
Para los sindicatos esta petición de suspensión es necesaria para "evitar expedientes innecesarios y que los tribunales de los procesos de consolidación por concurso oposición nazcan desde la suspicacia o la desconfianza por el momento en que se han realizado".
Hay que recordar que en las elecciones del pasado 28 de mayo el PP fue la fuerza más votada con 13 ediles, mientras que Compromís alcanzó 9, el PSOE 7 y Vox, 4. La constitución de la nueva corporación municipal tendrá lugar el próximo día 17.
