La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha situado la Ley de la Huerta que fue aprobada por el Gobierno valenciano de Ximo Puig, en el que también estaba Compromís –y que apoyó parlamentariamente Podemos–, como la culpable de no poder afrontar mejoras en el barranco del Poyo que hubieran minimizado los efectos letales de la riada del pasado 29 de octubre.
"Nos encontramos con problemas en el territorio", cuando se quisieron abordar mejoras en el encauzamiento del citado barranco, explicaba ayer la ministra durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
La responsabilidad de Ribera
Ribera ha pretendido eludir cualquier responsabilidad desde el día 29 sobre el retraso en esas obras. Primero pone el foco en Mariano Rajoy como el responsable de frenar las obras de protección del barranco del Poyo en 2012 y "dejar que caducara la Declaración de Impacto Ambiental en 2017".
La realidad indica que Rajoy tuvo la Declaración de Impacto Ambiental y el informe coste-beneficio con resultado positivo con posterioridad a la moción de censura que le costó la Presidencia del Gobierno.
La centrifugación de responsabilidades, sin embargo, tiene más dificultad de explicación a partir de que después de esa moción, en 2018 el Gobierno de España ya tuviera el color político del PSOE bajo la Presidencia de Pedro Sánchez.
Es su Ejecutivo el responsable de que –desde esa fecha– no se acometieran obras de remodelación. Ribera considera que "fue una pena tener que poner orden en el caos de las obras declaradas de interés general, con terrenos ya expropiados, cuando llegamos en 2018 al Gobierno".
Hasta el nuevo cauce
Cero autocrítica de la ministra que no ha pisado Valencia desde hace tres semanas por increíble que parezca. La nueva tramitación en su departamento de las obras en el barranco del Poyo conllevaron el abandono posterior del proyecto por falta de presupuesto y por el análisis negativo del coste-beneficio que aconsejaba buscar una alternativa a la conexión del barranco entre Paiporta y Picanya hasta el nuevo cauce del río Turia.
La Ley de la Huerta de Puig y sus apoyos parlamentarios entonces –Compromís y Podemos– protege los espacios que pretendía mejorar esta obra que lleva seis años pudiendo ser abordada por el Ministerio de Ribera y que, al no hacerlo, incrementó las graves consecuencias de la riada del 29 de octubre.
Una ley proteccionista al extremo
Esta normativa aprobada en 2018 con los votos de PSOE, Compromís y Podemos, y con el voto en contra de PP y Ciudadanos, determina que "el ámbito de aplicación de esta ley, que se delimita en el anexo, comprende entre otros el espacio del dominio de los regadíos históricos de las acequias del Tribunal de las Aguas de la Vega de València; la Real Acequia de Montcada; el canal del Turia; Francos, Marjales y Extremales, y las huertas de las poblaciones de Picanya, Paiporta, Torrent y Catarroja". Zonas ahora arrasadas por la riada.
La norma se define como un "instrumento de ordenación supramunicipal de los usos y actividades de la Huerta de Valencia y podrá tener un ámbito territorial superior al de la ley para el cumplimiento de sus objetivos y asegurar la conectividad ecológica y funcional de la huerta con la infraestructura verde exterior a ésta".
Esa ideología de preservación extrema que Ribera comparte, y que ha suavizado en Bruselas como sucede con el futuro de la energía nuclear, considera que la huerta es el elemento clave para el drenaje de posibles avenidas que contempla el propio texto de la ley.
La norma se cambiará esta legislatura
El presidente valenciano, Carlos Mazón, anunció el pasado mes de septiembre en el Debate de Política General que esa ley será cambiada por una norma "más eficaz que el fracaso sobre esta materia que dejó el Botànic" (el Gobierno Puig con Compromís).
Ese cambio seguirá adelante en las Cortes Valencianas en los próximos meses pero, desgraciadamente, ha llegado tarde y las obras de mejora del encauzamiento de los barrancos servirán para el futuro pero no para las más de doscientas personas que perdieron la vida el 29 de octubre pasado.
La frase que reflejaba la ideología que transpiraba esta ley la reflejó el propio Mazón en ese debate donde recordaba a PSOE y Compromís que "la huerta de verdad, la que ustedes reclaman, no cabe en una maceta y tampoco en una camiseta".
Sin cambios a la vista
Teresa Ribera sigue instalada en no afrontar cambios en su departamento y otorga todo el crédito a sus técnicos de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)pese a que no han sido capaces de revertir esta situación de necesidad de mejora de los barrancos más peligrosos que rodean la capital del Turia.
Tampoco han permitido en la CHJ, en la mayoría de los casos, la limpieza de los cauces que están llenos de cañas, escombros y basura que con la avenida del pasado día 29 han causado un grave problema medioambiental en la Albufera, en las playas y en las localidades inundadas.
