La Universidad de Valencia tendrá que redactar a partir de ahora sus comunicaciones internas tanto en castellano como en valenciano (algo que debería ser habitual) y no sólo en la lengua vernácula como venía haciendo durante el último año.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia falló el pasado lunes en favor del grupo de 6 catedráticos del departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Valencia que interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la medida de la institución que dirige la rectora, Mavi Mestre.
Göran Rollnert, Remedio Sánchez, Roberto Alfonso, Vicente Garrido, Lorenzo Cotino y María José Ridaura son los recurrentes contra la modificación del artículo 10 del reglamento de Usos Lingüísticos de la citada universidad que se produjo el 8 de junio de 2023.
La Universidad lo rechazó
Inicialmente el grupo de catedráticos recurrió esa medida ante la propia universidad al entender que era discriminatoria con el derecho "a recibir o tener acceso a la comunicación y documentación de la Universidad en castellano o en versión bilingüe" tal y como dispone el artículo 6 de los Estatutos de la Universidad de Valencia.
Los catedráticos explicaron que estaban recibiendo correos sólo en castellano, ante lo que la propia Universidad respondió, en valenciano, afirmando que los empleados "tienen el deber estatutario de conocer la lengua propia de la Universidad de Valencia".
El juez no da validez a ese argumento de la Universidad que lidera Mavi Mestre y sí el que esgrimen los recurrentes sobre que el conocimiento del valenciano "no afecta a la libertad individual de escoger la lengua de relación con la Administración".
Sólo en valenciano
El titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Valencia, Marcos Marco, considera que la modificación reglamentaria es "ambigua" y aunque en un principio podría determinar que se puedan redactar las comunicaciones internas en valenciano y en castellano, la realidad es que no han aportado pruebas de esas comunicaciones realizadas en castellano.
Por contra, los recurrentes sí aportan varios correos y comunicaciones, hasta tres en este período, que están redactadas íntegramente en valenciano. La Universidad de Valencia explica al juez que fue "un error", al menos en una de ellas, pero no ha aportado nada que pruebe la comisión de ese presunto fallo para hacer la comunicación en bilingüe.
La frase que la Universidad de Valencia cambió en el reglamento de Usos Lingüísticos recoge (en valenciano) que: "Atendiendo el deber estatutario de conocer la lengua propia de la Universidad de Valencia, se redactarán en valenciano todas las comunicaciones y documentaciones que se dirijan exclusivamente al personal de la Universidad de Valencia (PDI, PAS, PIF y cualquier otro personal contratado), sin perjuicio de los derechos lingüísticos reconocidos en la legislación vigente".
Los correos analizados por el juez –que están redactados en valenciano y que no tienen versión en castellano– son los de la jefa del servicio de Recursos Humanos, un segundo del servicio de Análisis y Planificación de la Universidad de Valencia y el tercero es la respuesta en valenciano de la Universidad de Valencia al recurso de reposición de los catedráticos que se formuló en castellano.
Condena en costas
El juez en su fallo es contundente al considerar que la Universidad de Valencia genera una cantidad ingente de comunicaciones y que podría haber aportado, al menos, una que estuviera en valenciano y en castellano, pero no ha sido el caso.
Por lo tanto, decide estimar el recurso interpuesto por los seis catedráticos y la Universidad de Valencia debe recuperar sus comunicaciones internas en las dos lenguas, tal y como hace con el ciudadano e instituciones de fuera de la universidad. También anula la modificación reglamentaria por "no ser conforme a derecho".
Además, considera injusto que los recurrentes hayan visto rechazadas sus pretensiones sin que se haya apreciado por parte de la Universidad que podía haber "dudas de hecho o de derecho". Por ello, condena a la institución que dirige Mavi Mestre al pago de las costas procesales que tendrán una "cuantía máxima de 1.500 euros sin inclusión del IVA".
Conflicto educativo y lingüístico
La Universidad de Valencia dispondrá ahora de un plazo para presentar un recurso de apelación, aunque las fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli estiman "muy complicado" que prospere debido a la contundencia del fallo del juez.
Esta sentencia llega en un momento de efervescencia jurídica en torno a la ley educativa del Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón y que incide en la libertad lingüística en las aulas de la Comunidad Valenciana.
Contrarios a esta ley se han pronunciado Compromís (que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional) y el PSPV de Diana Morant que, a través de la comisión bilateral entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, intenta retirar tres preceptos de esa ley.
Diana Morant, Carlos Mazón y Mavi Mestre coincidieron el pasado 8 de septiembre en la Universidad de Valencia durante el acto de apertura del curso académico universitario que tuvo lugar en las citadas instalaciones universitarias en la capital del Turia.
