La ley educativa que el Gobierno valenciano aprobó el pasado mes de junio acabará en el Tribunal Constitucional después de que Compromís, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG han presentado un recurso de inconstitucionalidad al considerar que vulnera 28 leyes de rango superior.
Un total de cincuenta diputados de los citados grupos han firmado el recurso contra la ley educativa del Gobierno que preside Carlos Mazón, tras considerar que "vulnera los derechos lingüísticos del alumnado valenciano" reconocidos en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución Española y diversas leyes educativas de rango superior.
Dominar las dos lenguas
Los partidos firmantes consideran que la ley promulgada por PP y Vox obliga a las familias valencianas a "matricular a sus hijos antes de saber en qué lengua van a recibir las clases" e impide que el alumnado de áreas castellanohablantes pueda aprender en valenciano y dominen las dos lenguas oficiales.
Recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya rechazó una de las medidas que se incluyen en la ley de educación referente a que cada alumno pueda elegir lengua para hacer los exámenes y esto, según los recurrentes, atenta contra el "objetivo de adquisición de conocimientos que van vinculados a la lengua oficial en la cual se vehicula una asignatura".
Los diputados se han concentrado simbólicamente en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados y aseguran que la ley del PP permite que haya "profesorado sin capacitación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas" y vulnera así el derecho del alumnado a recibir clases en valenciano de otras asignaturas.
La coalición nacionalista valenciana afirma que esta ley incumple 28 artículos de leyes superiores: 8 de la Constitución, 16 de la ley educativa estatal, 1 del Estatutode Autonomía valenciano y 3 reales decretos.
Comisión bilateral
Este recurso no se ha sido firmado por los diputados socialistas valencianos, aunque el Gobierno de España está negociando con el Ejecutivo valenciano tres apartados de la ley de la Generalitat. Las discrepancias se están sustanciando en la comisión bilateral entre ambas Administraciones para evitar otro recurso de inconstitucionalidad.
El Gobierno que preside Pedro Sánchez discrepa del artículo referido a la exención de la evaluación y calificación del valenciano para el alumnado que lo solicite en aquellas zonas donde existe un predominio lingüístico castellano.
La segunda discrepancia hace referencia a la educación plurilingüe en Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de régimen especial, y que la Conselleria de Educación tendrá la potestad de establecer exenciones de evaluación del valenciano a personas que no lo hayan cursado anteriormente.
La regulación de las situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado que permite al funcionariado de otras Comunidades Autónomas que pida una comisión de servicios en la Comunidad Valenciana obtenerla durante cuatro años sin acreditar conocimiento del valenciano es la tercera discrepancia con el Gobierno. El grupo de trabajo en la comisión bilateral tiene ahora seis meses para intentar un acuerdo.
Supremacismo
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado en esta cuestión que "es sorprendente la velocidad con la que se indulta o se apoyan las imposiciones separatistas de otra Autonomía (en referencia a Cataluña) y la rapidez con la que se actúa contra el autogobierno valenciano.
"Que expliquen esos 50 diputados si quieren que siga el 'procés' de imposición pancatalanista o la promoción por igual de las dos lenguas y la libertad a la que nos hemos comprometido frente a la imposición supremacista".
Mazón ha lamentado que haya 50 diputados "que se quieren pasar por el arco del triunfo el Estatuto de Autonomía valenciano y la Constitución, y todo porque quieren apoyar esa inmersión al estilo catalán y nosotros somos otro territorio".
