La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), constituida en Pleno, ha decidido por una amplia mayoría adherirse al comunicado emitido por las cuatro asociaciones judiciales contra el acuerdo entre el PSOE y ERC.
El TSJCV muestra así igualmente su sentir "en línea con el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión celebrada el pasado día 9".
El documento que se ha conocido hoy contó con la votación a favor de 10 miembros del plenario, 1 abstención y sólo 2 en contra del acuerdo adoptado.
Rechazo ante el 'lawfare'
En el comunicado, la Sala de Gobierno explica que "ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, mostramos nuestro rechazo por las referencias al 'lawfare'o judicialización de la política y sus consecuencias".
"El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria losprocedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en laindependencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces hande estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así loestablece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución.TSJCV
"Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución", prosigue el comunicado hecho público esta mañana.
Una desconfianza inaceptable
Por último, el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que "estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta.”
