La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decidido abrir juicio oral contra Eduardo Zaplana y otras catorce personas (entre las que también se encuentra el expresidente autonómico valenciano José Luis Olivas) por el cobro de comisiones a cambio de las adjudicaciones realizadas para empresas de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y otras al amparo del Plan Eólico que se cifra en 20,6 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de calificación un total de 19 años de prisión para el expresidente Eduardo Zaplana por ocultar en el extranjero dinero procedente del, presuntamente irregular, cobro de comisiones a cambio de pactar adjudicaciones desde la Administración autonómica. Además le pide una multa de 40 millones de euros.
La jueza ha abierto juicio oral por la supuesta trama que se organizó para cobrar comisiones a cambio de concesiones en las ITV en el año 1997 –cuando Eduardo Zaplana todavía era presidente de la Generalitat– y también de las adjudicaciones que se realizaron al amparo del Plan Eólico que se puso en marcha en 2003 cuando Zaplana ya había cambiado de responsabilidades y ocupó la cartera ministerial de Trabajo y la de portavoz del Gobierno de José María Aznar.
El caso Erial, como se denomina a este caso, se centra en el presunto desvío del dinero cobrado en las comisiones a cuentas en el extranjero a través de un entramado de sociedades interpuestas para blanquearlo antes de poder retornarlo a España. Este extremo de la investigación siempre ha sido negado por Zaplana en sus comparecencias ante la magistrada.
La familia de Zaplana –su mujer Rosa Barceló y una de sus hijas, María– ya quedaron exoneradas por la jueza al entender que no había pruebas suficientes de su participación en la trama del cobro de comisiones ilegales. Por contra, ha notificado la apertura de juicio para otras 14 personas entre los que destacan el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, a quien la Fiscalía solicita 6 años de cárcel, así como Vicente y José Cotino (hermanos del fallecido director general de la Policía, Juan Cotino) para los que el Ministerio Público solicita 14 años de prisión.
Junto a ellos la jueza ha abierto juicio a quien considera la persona clave en la actividad financiera de la trama, Joaquín Barceló, a quien le piden 8 años de prisión, y a algunos de los colaboradores más cercanos de Zaplana en su etapa de presidente valenciano como su entonces jefe de gabinete Juan Francisco García (que se enfrenta a 14 años de cárcel) y su secretaria, Mitsouko Florida Henríquez para quien Anticorrupción solicita 8 años de cárcel.
Un expresidente autonómico y una exdiputada
Entre los acusados que tendrán que defenderse en el juicio también figura la exdiputada autonómica valenciana Elvira Suances considerada una de las más cercanas a Zaplana durante sus años como presidente y que, junto a su hermano Saturnino, se enfrentan a 5 años de prisión.
La magistrada considera que hay indicios de organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad documental. El "modus operandi" que se ha revelado durante la investigación de la UCO confirmaría que el grupo de personas acusadas hicieron un uso torticero de sus cargos públicos para favorecer en la adjudicación de contratos a empresas que previamente habrían concertado.
Para la jueza Zaplana utilizó a Barceló como testaferro para intentar quedar a salvo su identidad del desvío de dinero procedente de las comisiones en la que todas las partes implicadas conseguían beneficios de los contratos de la Administración autonómica valenciana.
Los acusados están pendientes de la resolución de la Audiencia en la que pedían la nulidad de la instrucción. Sería su última oportunidad para evitar sentarse en el banquillo en un caso que supone una amenaza para el Partido Popular la Comunidad Valenciana, que ya está en plena campaña preelectoral, por ser muchos de los acusados actores de primera línea en el pasado de esta formación.
Zaplana reitera su inocencia
Eduardo Zaplana ha querido dar su versión tras conocerse la apertura de juicio oral y la petición de cárcel de la Fiscalía y ha reiterado su inocencia. "Muestro mi más absoluta disconformidad con sus conclusiones y reitero mi inocencia de todos los cargos que se me imputan", ha indicado.
"Confío en que, tras estos largos siete años de instrucción inquisitorial, en el acto del juicio oral se puedan practicar las pruebas que me permitan demostrar mi inocencia y que hasta el momento me han sido vedadas", ha explicado.
Por último, Zaplana se ha mostrado satisfecho de que se haya "reconocido la ausencia de responsabilidad de determinadas personas que se han visto sometidas injustamente a este procedimiento durante años, por el mero hecho de haber mantenido relaciones de parentesco, amistad o laborales".
Palacheca
Y qué pasa con el Molt honoreibol J Pujol y famiglia? ¿Y los sociatas andaluces que han hecho desaparecer por arte de magia miles de millones de euros destinados a la formación de los trabajadores andaluces? No hay nada como un bolso de Todo a Cien, para que la España roja la líe.