La mayoría del Congreso ha apoyado hoy derogar los plazos máximos de instrucción de causas penales, aprobados con la mayoría absoluta del PP en 2015, al estimar que han favorecido la impunidad en procesos por corrupción, punto que han negado los populares a pesar de admitir "disfunciones".
Ante el consenso de todos los grupos para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los populares han apostado por reformarlo, pero todo quedará en un "brindis al sol", como ha dicho el portavoz socialista, Juan Carlos Campo, si no hay investidura, ya que concluirá la legislatura.
La diputada de Podemos Victoria Rosell se ha encargado de defender la proposición de ley en la que se apuesta por poner fin a la que algunos juristas llamaron "ley de punto final" y que su grupo denomina "ley Berlusconi: un ejemplo evidente de la degradación de las instituciones al servicio de la impunidad de los poderosos y desde dentro del propio Estado".
El artículo 324 establece un plazo general para investigar las causas de seis meses y uno especial de hasta 18 para las instrucciones declaradas complejas, pero su aplicación sin dotar de más medios a los juzgados ha derivado en el archivo de causas o en el inicio de juicios orales sin haberse recabado todas las pruebas.
Rosell, que ha puesto como ejemplo la absolución del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en el caso Pasarela, ha aprovechado su intervención para recriminar al PP el uso de las "cloacas del Estado" en su contra, recordando la "falsa querella" contra ella el exministro José Manuel Soria y la reciente condena al juez Salvador Alba por manipular una instrucción penal para perjudicarla.
La diputada ha recriminado al PP y a Ciudadanos que bloquearan durante más de dos años esta iniciativa en la pasada legislatura y el portavoz socialista ha pedido a Podemos que reflexione, porque la derogación del artículo 324 está incluida en el programa de medidas ofrecido por Pedro Sánchez para un gobierno común y progresista.
"Sólo será posible si tenemos legislatura; si no, será un brindis al sol", ha subrayado Campo.
El PP reconoce "errores" y "fallos"
La portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, ha tachado de "bochornoso" un debate de tintes preelectorales y ha negado que la ley haya causado impunidad, aunque sí ha reconocido "errores" y "fallos" en su aplicación.
Los populares, ha dicho, no se oponen a debatir la proposición de Podemos, pero rechazan derogar el artículo 324 y apuestan por reformarlo, en línea con la propuesta que también ha hecho la Fiscalía General del Estado.
Frente a estos argumentos, Ciudadanos ha cargado contra la reforma que impulsó el PP en 2015, pero también contra el PSOE, recordando los casos de corrupción abiertos en Andalucía, y contra Podemos, a quien ha restado credibilidad pare presentarse como adalid de la independencia judicial.
Vox, a favor de derogarla
Vox, por su parte, se ha sumado a las voces en favor de la derogación de una ley cuyo "único propósito y el efecto conseguido fue favorecer la impunidad de los corruptos", aunque ha dejado claro que está "en las antípodas" de la exposición de motivos de la iniciativa impulsada por Podemos.
"Estamos dando falsas esperanzas al mundo judicial", ha advertido finalmente la portavoz de Justicia de ERC, Carolina Tellechea, quien ha advertido a los socialistas que si se convocan elecciones por su "incapacidad" de formar gobierno todo quedará en un cajón: "Qué perdida de tiempo, de trabajo y de dinero".
