El juzgado madrileño ha admitido a trámite una querella criminal contra el Consejo General de Economistas. La denuncia interpuesta por una empleada de la corporación revela el supuesto acoso laboral al que ha estado expuesta durante meses por parte de dos altos cargos y dos subordinados. La magistrada admite el escrito presentado por la trabajadora por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, acoso, un delito contra la integridad moral y falsedad documental.
M.A.M.C. lleva prestando sus servicios para la entidad querellada desde el año 1988. Tras más de treinta años trabajando como auxiliar en el oficio de su vida, su situación empezó a empeorar cuando un nuevo jefe llegó a su departamento. Según describe el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, la querellante, de 62 años, empezó a recibir "recados" relacionados con su forma de vestir; sus nuevos superiores querían "dar un cambio de imagen al organismo y que las mujeres tuviesen un toque más femenino y juvenil".
Después, llegarían actos descritos por la denunciante como "degradantes y humillantes", tales como sufrir el vacío de sus compañeros de trabajo y ser excluida de eventos a los que llevaba asistiendo desde hacía más de 30 años. Asimismo, la presunta víctima asegura que sus superiores empezaron a encomendarle tareas que se extralimitaban de sus funciones habituales.
Según denuncia la querella, el objetivo era conseguir la renuncia de esta empleada. Un plan "orquestado de forma paulatina" por las cuatro personadas querelladas, mediante comportamientos "tenues y sibilinos", que afectaron a la salud mental de la denunciante.
Le ofrecieron una reducción de jornada
Al poco de ser nombrado el nuevo superior, una de las querelladas en esta causa ofreció a la supuesta víctima la oportunidad de acogerse a una reducción de jornada. Una condición laboral que "más que una obligación es un derecho del que dispone el trabajador", defiende su abogado, por lo que debe ser ella quien lo solicite y no la empresa.
La estrategia era que "se acogiera a una reducción de jornada a la que no tiene derecho por ley, y de esta manera, y una vez hubiera transcurrido el tiempo preciso (1 año), proceder a su despido ahorrándose la mercantil querellada una importante suma de dinero". Este plan también intentaron replicarlo con otra empleada que finalmente se negó y a la que tuvieron que pagar 160.000 euros por una indenmización por despido.
No obstante, la denunciante -que espera poder jubilarse en pocos años- no aceptó las premisas de sus superiores, lo que supuso el inicio de "actitudes obscenas y desagradables" que empezaron a ir en aumento.
El Consejo quería a empleadas jóvenes
Los querellados comenzaron a hacer de su vida ·un auténtico infierno", tras notificarlo a sus superiores, uno de ellos volvió a reiterarle que la nueva política de la empresa requería a "gente joven". Tras esto, le insistió de nuevo en la posibilidad de acogerse a una reducción de jornada "para evitar futuros problemas", y que si no iban a hablar con la asesoría laboral y le iban a empezar a "tocar los cojones".
Tras varios intentos de que dejase su puesto de trabajo, la querellante se tuvo que coger una baja por estrés y ansiedad. A su vuelta, la situación empeoró y la presión por parte de una de las querelladas para que se acogiera a la reducción de jornada ascendió hasta niveles insospechados. "Vaya con la mosquita muerta, la guerra que está dando por no coger una puta reducción de jornada, sal de mi vista, no quiero que me vuelvas a hablar en tu vida", le llegó a gritar en una ocasión.
Ante el hostigamiento al que se vio sometida durante meses, su moral se iba minando y tuvo que volver a acogerse a una segunda baja laboral debido a su estado de salud mental. A su vuelta, la supuesta víctima detecta que han intentado acceder a su correo corporativo, de modo que su abogado emite un burofax a la empresa advirtiendo de este hecho.
Falsificación documental
La corporación acredita que tienen derecho a hacer uso de este correo, ya que existe un documento firmado por la empleada que les concede ese permiso, cosa que ella niega. La denunciante dispone de un documento diferente, lo que según la acusación es la prueba de que la corporación ha intentado "preconstituir una prueba y adulterando un documento para justificar la no perpetración de un delito de revelación de secretos".
Ante la actitud por parte de la entidad de "hacer caso omiso" a las reclamaciones de su empleada, que se sintió "desamparada" ante una situación de acoso y hostigamiento, se ha tomado la decisión de acudir a la Justicia. Tras admitir a trámite la querella, el juez ha llamado a declarar a los cuatro querellados que tendrán que personarse en los Juzgados de Plaza Castilla el próximo 27 de febrero.
