El Consejo de Ministros aprueba hoy viernes el Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba portuaria, el régimen del colectivo de trabajadores que se dedican a cargar y descargar la mercancía de los barcos en los puertos.
El objetivo de la reforma es adaptar la legislación del sector a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene. En último termino, se busca evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una multa a España.
Los sindicatos de estibadores (la Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y CGT) tienen convocado un calendario de tres semanas de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo en contra de la aprobación de la medida.
La reforma afecta a un sector básico para la economía española
Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones.
El Ministerio de Fomento asegura contar con un plan de contingencia ante el supuesto de que los paros se lleven efectivamente a cabo. El plan pasa por fijar servicios mínimos, abordar planes en cada uno de los puertos en función de su actividad y también con las empresas que utilizan los puertos para que adecuen los traslados de la carga para evitar colapsar las entradas y salidas de las instalaciones portuarias.
No obstante, aún está abierta la negociación que han emprendido empresas y sindicatos del sector para tratar de dirimir en el ámbito de la negociación colectiva las reivindicaciones de los estibadores ante la reforma que no tienen cabida en el texto legal porque no lo permite la UE.
La reforma, como busca adaptar el sector a la normativa comunitaria, debe estar avalada por la Comisión Europea, que ya ha rechazado incluir varias de las reivindicaciones del colectivo de estibadores, entre ellas, la de contar con un mayor plazo transitorio, articular un registro de estibadores o incluir la subrogación de trabajadores.
Tres años para abrir el sector
El Real Decreto Ley de reforma de la estiba que este viernes aprueba el Gobierno establece un periodo de tres años para que desaparezcan las actuales sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep.
Estas firmas monopolizan actualmente el sector, pues de ellas depende todo el colectivo de 6.150 estibadores que actualmente trabajan en los puertos y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los puertos.
La reforma contempla que, o bien las empresas de estiba contraten directamente a los estibadores que necesiten, o que las Sagep se reconviertan en Centros Portuarios de Empleo, una firma con carácter de ETT.
Una vez que se apruebe en Consejo de Ministros, la reorganización del sector debe ser avalada en el plazo de un mes por el Congreso de los Diputados. Por ello, el Gobierno mantiene contactos con los distintos grupos parlamentarios con el fin de lograr apoyos a una ley que, según defiende Fomento, no es fruto de una decisión política, sino de la necesidad de cumplir con las normas europeas y evitar una multa.
