La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido este viernes a la Justicia que, con "absoluta independencia y neutralidad", investigue si los delitos de fraude fiscal que un informe policial atribuye al presidente catalán, Artur Mas, han sido cometidos, informa Efe. Así lo ha manifestado Sáenz de Santamaría en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha dejado claro que el fiscal superior de Cataluña y el resto de fiscales están sometidos, por mandato constitucional, a la dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado.
En respuesta a las reiteradas preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha asegurado que en este caso hay dos circunstancias que deben ser investigadas: la filtración del informe policial, que ya está llevado a cabo el Ministerio del Interior a través de Asuntos Internos de la Policía, y las acusaciones que se desprenden de ese borrador. Deben ser los jueces, ha reiterado Sáenz de Santamaría, quienes investiguen esas acusaciones. "El criterio debe ser siempre el mismo: investigar esas filtraciones, pero también las circunstancias que se denuncian", ha sentenciado.
Tras recordar que, "por desgracia", no es la primera vez que se produce una filtración "con este Gobierno y con el anterior”, la vicepresidenta no ha querido entrar a valorar los procedimientos judiciales abiertos a representantes de CiU y se ha limitado a señalar que corresponde a los jueces, y no al Ejecutivo, investigar los supuestos delitos del informe. En la parte que corresponde al Ministerio del Interior, ha reiterado, ya se ha pedido a Asuntos Internos que lleve a cabo una investigación sobre la filtración del borrador, que no ha leído, según ha reconocido.
Discrepancias en la Fiscalía
Respecto a la discrepancia de criterios sobre este asunto entre el Fiscal General del Estado y el fiscal de Cataluña, la vicepresidenta ha recordado que por mandato constitucional los fiscales están sometidos a los principios de unidad de acción y actuación y de dependencia jerárquica. Corresponde al Fiscal General del Estado, como superior jerárquico, hacer la valoración y fijar la posición de lo que corresponde llevar a cabo. "Por eso, a sus declaraciones me remito", ha añadido Sáenz de Santamaría.
A su juicio, las instituciones tienen que ajustarse a su funcionamiento constitucional, entre ellas la Fiscalía, de manera autónoma respecto al Gobierno, pero bajo los principios de unidad de criterio y dependencia jerárquica. "En nuestro sistema, aunque sea descentralizado, la Justicia es un poder único para todos e independiente de todos, pero especialmente independiente de otras administraciones", ha puntualizado Sáenz de Santamaría.
"No es que no se puedan tener cuentas fuera, es que tenemos la obligación de declararlas y pagar por los rendimientos"
Ha aludido también a las manifestaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha insistido en que en España, "no es que no se puedan tener cuentas fuera, es que tenemos la obligación de declararlas y pagar por los rendimientos de esas cuentas". Si no se hace así, ha advertido, se está defraudando no sólo a la Agencia Tributaria, sino al resto de los españoles que "pagan religiosamente lo que les corresponde". Además, ha recordado que la obligación de cualquier agencia tributaria, y por tanto, del ministro de Hacienda, es investigar "si existen esas cuentas no declaradas en el exterior" porque "quien no paga los impuestos, perjudica el servicio público que reciben los españoles, que en su inmensa mayoría pagan".
"Es bueno, por pedagogía, que todos los ciudadanos que tengan cuentas fuera y no las declaren sepan que la obligación es investigar esas cuentas, averiguar si existen y hacer pagar por lo que no han pagado", ha apostillado. Una vez abierta la investigación interna, corresponde a los jueces investigar -"espero que así lo hagan", ha enfatizado- los asuntos y delitos que "allí (en el borrador) se contienen y dictaminar sobre los mismos". "A lo largo de estos años, ha habido múltiples procedimientos judiciales que afectan a CiU, pero es a ellos a quienes corresponderá en su caso dar las oportunas explicaciones políticas", ha subrayado antes de manifestar que como Gobierno no podía entrar a hacer "mayores valoraciones" sobre cómo afecta a la formación nacionalista este asunto.
