La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este viernes que la intención de la Ley de servicios mínimos que ha planteado el Gobierno es "definir un marco jurídico que asegure el anverso de ese derecho, que es el que tienen los ciudadanos a recibir servicios públicos esenciales".
Así lo ha indicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha hecho hincapié en que dicha legislación se elaborará en colaboración con la patronal y los sindicatos.
Sáenz de Santamaría ha recordado que la Constitución española "es clara" en lo que se refiere a este derecho laboral, "sobre sus circunstancias y límites", pero ha añadido que también es necesario delimitar el derecho de los ciudadanos a recibir servicios públicos esenciales.
A continuación, ha recordado que el Ejecutivo está estudiando desde la perspectiva del Ministerio de Empleo el modo de articular esta legislación, "en diálogo con los agentes sociales y empresariales". "Se está empezando a trabajar", ha dicho.
Así pues, el Gobierno tiene entre sus planes mantener próximamente contactos con patronal y sindicatos para ir dando forma a esta Ley. Por ello, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ya ha telefoneado a los máximos dirigentes de CC.OO., UGT y CEOE, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Juan Rosell, respectivamente, para trasladarles la intención del Gobierno de negociar la ley, según han confirmado hoy a Europa Press en fuentes de los agentes sociales.
49,5 millones para financiar pensiones no contributivas
El Gobierno ha destinado 49,57 millones de euros del Fondo de Contingencia a financiar un suplemento de crédito destinado al pago de pensiones no contributivas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según ha acordado el Consejo de Ministros.
En concreto, la partida se destinará a compensar a la Seguridad Social por el coste de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, según lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
