El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha requerido al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) que le remita los expedientes sobre la compra de los ordenadores utilizados en la consulta del 9N y de su transporte a los puntos de votación. Según han informado a fuentes judiciales, el magistrado que instruye la causa del 9N, Joan Manel Abril, ha acordado enviar ese nuevo requerimiento a la Generalitat después de que el pasado viernes así se lo solicitara la Fiscalía.
En su requerimiento, el juez pide al CTTI que le remita las facturas de la adquisición de los ordenadores usados en la consulta -unos 7.000, según cifró el martes la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, así como las partidas económicas destinadas a desarrollar el "software" necesario para gestionar los datos del 9N. Precisamente, el coste de los ordenadores portátiles que se usaron en los institutos que albergaron las urnas del 9N fue una de las cuestiones por las que fue interrogada ayer la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
La consejera de Enseñanza Irene Rigau ya fue preguntada por los ordenadores portátiles que se usaron en los institutos el 9N
La consellera concretó que para las votaciones del 9N se utilizaron 7.000 equipos informáticos cuya adquisición, según su versión, ya estaba presupuestada con anterioridad para uso de los centros educativos y que, tras la consulta, han acabado a disposición de las escuelas. El pasado mes de junio, a instancias de la Fiscalía, el TSJC ya requirió a la Generalitat documentación relativa al coste de la organización del 9N, lo que incluía el precio de adquisición de los ordenadores empleados en la votación, y ha citado a declarar para el próximo lunes al técnico informático que coordinó materialmente los servicios prestados por el CTTI en la consulta.
En esa ocasión, el ministerio público pedía que la Generalitat aportara toda la "instrucción, orden interna, circular, protocolo técnico o documento de cualquier tipo" referido a la gestión informática del 9N, aunque por el momento no se ha facilitado el expediente completo relativo a los equipos informáticos empleados en la consulta. En su declaración de ayer ante el juez del TSJC, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau alegaron que desde que el 4 de noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional suspendió la consulta alternativa, la Generalitat paralizó todas las instrucciones relativas al 9N, que de esa forma quedó exclusivamente en manos de voluntarios.
De hecho, cuando admitió a trámite la querella por el 9N, el TSJC precisó que en principio se centraría en investigar las resoluciones que adoptó el gobierno catalán entre los días 4 y 9 de noviembre, una vez la consulta alternativa había sido suspendida. Con el requerimiento de la documentación relativa a hechos tan concretos como el transporte de los ordenadores a las escuelas que acogieron las urnas del 9N, la justicia pretende averiguar si una vez suspendida la consulta el gobierno catalán continuó gestionando la votación.
