El mundo de los influencers sigue generando opiniones antagónicas en nuestra sociedad. Mientras un sector de la población, especialmente los más jóvenes, los ven como un ejemplo a seguir en muchos aspectos, existe otra parte muy crítica con su contenido y enseñanzas. Debido a su impacto y crecimiento, varias instituciones y corporaciones comunicativas han echado el cerco sobre sus actividades.

Si bien hace unas semanas contábamos en Vozpópuli cómo la patronal de las televisiones privadas, UTECA, había solicitado en enero al Gobierno que incrementase los controles sobre la actividad de los influencers con un número de seguidores superior a 100.000 personas o una facturación superior a los 100.000 euros, obligándoles a inscribirse en el registro de usuarios de especial relevancia, ahora es la Unión Europea quien está ojo avizor.

Hace unos días, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó el resultado de una investigación llevada a cabo junto con las autoridades competentes en materia de protección del consumidor de las comunidades autónomas de Cataluña, Islas Baleares y Madrid, quienes a su vez han estado coordinados por la Comisión Europea y otros 22 países miembros.

Este trabajo de campo pretendía averiguar si los influencers publican el contenido publicitario por el que reciben una remuneración de acuerdo con la legislación europea, es decir, etiquetando y dejando claro a sus seguidores que el contenido que están viendo es de pago, y no orgánico como el resto de sus publicaciones.

Bajo la batuta de la Red Europea de Cooperación para la Protección de los Consumidores (Red CPC), que es donde se ha enmarcado este 'barrido', la institución europea ha revisado las publicaciones de 576 influencers de ámbito continental, de los cuales un 97% publica contenido comercial, pero tan solo uno de cada cinco lo etiqueta acorde a la legislación vigente.

Espantados por estos datos, desde la Comisión Europea se ha alertado de esta falta de transparencia, anunciando que Bruselas estudiará las medidas oportunas para paliar esta problemática. Además, apuntan que el 78% de estos perfiles ejercen una actividad comercial de la que sólo están registrados a nivel nacional, en tanto que cuenta "profesional" el 36% de ellos.

Como resultado de esta investigación, la UE abrirá 358 investigaciones en profundidad a nivel nacional, dejando claro que las autoridades competentes contactarán con estos influencers para darles un toque de atención, avisando de que, si siguen incumpliendo la ley, se adoptarán "medidas represivas" contra ellos.

Siguiendo con el resultado de la investigación, desde Europa informan que hasta un 30% de los perfiles analizados no ofrecen datos básicos de la empresa desde la que operan como la razón social, dirección postal o número de registro.

El 38% no utiliza las etiquetas que permite cada red social para señalar cuándo un contenido es comercial, como, por ejemplo, el que advierte de que se trata de una "asociación remunerada" en Instagram. De hecho, los influencers caminan por la línea del fraude. Muchos de ellos recurren a fórmulas ambiguas de anunciar estos acuerdos comerciales, tales como "colaboración", "asociación" o alguna referencia genérica a la marca patrocinadora.

Por último, el 40% de los perfiles que se han analizado en este barrido de Red CPC han hecho visible el aviso comercial a lo largo de su publicación, mientras que un 34% le dan visibilidad inmediata sin necesidad de otros pasos.

En España, el 70% de los influencers incumplen la ley

Interpretando este informe en clave nacional, en España la situación es preocupante. Más de un 70% de los influencers patrios incumple la citada normativa europea sobre prácticas comerciales desleales, tal y como esgrime Consumo en la publicación citada unos párrafos por encima.

De los 576 investigados, 40 son españoles, entre los cuales se han seleccionado aquellos que posean un gran número de seguidores y se muevan en temas de moda, viajes o estilo de vida. Pues bien, el Ministerio concluye que de ellos tres de cada cuatro incumplen uno o varios preceptos de la ley comunitaria.

Al no etiquetar el contenido patrocinado con los mecanismos pertinentes que ofrecen las plataformas, Consumo considera que se dificulta sobremanera al espectador medio identificar que se trata de contenido con carácter comercial o publicitario, ya que este tipo de mensajes suelen ir dirigidos en numerosas ocasiones a un grupo de consumidores especialmente vulnerables, como son los jóvenes.

Del mismo modo que harán el resto de países miembros, España advertirá a sus influencers para que cesen en estas malas prácticas. Eso sí, el Ministerio entiende que muchas de estas infracciones pueden deberse al desconocimiento, y por ello en una primera fase solo se les informará, tratando de que cumplan la ley. De lo contrario, si persisten, se les aplicarán las medidas que andan estudiando en Bruselas.

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