La ministra de Sanidad, Ana Mato, respondía este miércoles en una entrevista radiofónica a las últimas medidas que publicaba el martes el Boletín Oficial del Estado para ahorrar costes en materia sanitaria. En temas como la atención a los inmigrantes, la Ley de Dependencia, los servicios que serán sufragados también por el usuario o la tarjeta sanitaria para mayores de 26 años, Mato ha reafirmado una vez más que la intención es hacer una sistema eficiente que garantice una asistencia sanitaria universal y gratuita, y que se han hecho los recortes necesarios pero sin excederse más allá de lo razonable.
Si el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba dejaba caer el martes en el Congreso que los mayores de 26 años no demandantes de empleo asumirían los costes sanitarios, la ministra ha querido hoy explicar que no habrá modificación en las prestaciones que reciben, pues la asistencia será la misma. "Cuando salen de la unidad familiar tienen que pedir su propia tarjeta sanitaria, pero por supuesto que tienen derecho a la atención y a la tarjeta sanitaria", comentaba Mato.
Además la ministra pedía calma sobre el revuelo que se había generado por la atención a los extranjeros, algo a su parecer 'injustificado'. "Lo cierto es que tenemos un informe del Tribunal de Cuentas del año pasado que refleja que hay 700.000 extranjeros que están utilizando indebidamente la sanidad española, algo que supone casi un millón de euros. Esto se debe a un artículo concreto que no se matizó de una directiva en la etapa socialista, que ha permitido el turismo sanitario. Nosotros simplemente hemos querido poner orden, saber quién tiene derecho a tener la tarjeta sanitaria y no obtenerla por el hecho de estar empadronado. Pero nadie estará desasistido, la asistencia básica o de urgencias la tendrá, pero no con una tarjeta que supone unas prestaciones que están pensadas para los españoles que pagan.
Sobre el establecido copago sanitario, Ana Mato daba su opinión al decir que por su parte, creía que las medidas tomadas son las necesarias para evitar el copago asistencial por acudir a un médico, un especialista o de urgencias. Para ella, las medidas son suficientes para no tener que imponer otras, aunque es cierto que tienen una finalidad más disuasoria, especialmente para farmacia, donde existe más despilfarro y es necesario que la gente se consciencie de que no se puede malgastar.
Ley de Dependencia
También fue preguntada la responsable de Sanidad sobre la Ley de Dependencia, calificada como 'una conquista social que hicieron entre todos los grupos parlamentarios'. "PEro se hizo mal, se aprobó una ley sin dotarla de los medios eficientes para llevarla a cabo, y las Comunidades Autónomas no tienen financiación para ello. A nivel sanitario estamos trabajando para crear una cartera básica de servicios sociales para dependencia, de manera que una persona que lo necesite estará cubierta bien por la Ley de Dependencia o bien por los servicios sociales. De todas formas esto es algo que se tiene que quedar fuera de cualquier debate partidista", añadía Mato.
En el debate sobre las Comunidades Autónomas la ministra declaraba que la pretensión del ejecutivo era armonizar el sistema utilizado para las prótesis, productos dietéticos o transporte no urgente, en el que cada autonomía tenía diferentes criterios. Además dejaba claro que incluso aquellas comunidades gobernadas por los socialistas (Andalucía, País Vasco) aplicarían las medidas, porque "son normativa y no tienen más remedio. Pero hasta la consejera de la Junta me comentó en el último consejo que pese a no estar de acuerdo con ellas, las aplicaría porque son conscientes del estado de las cuentas sanitarias".
En un último alegato sobre su cartera, Mato defendía que la sanidad mejorará en calidad y eficiencia en los próximos años, especialmente a finales de 2012 cuando se tenga implantado el iSalud, el sistema sanitario que permitirá que todos los médicos tengan acceso al historial del paciente, q no haya duplicidades de pruebas realiadas, que se tenga todo informatizado para dar mayor seguridad al paciente y al especialista. Todo ello además de la tarjeta sanitaria europea que ampliaría consecuentemente el derecho assitencial.