Asturias se suma a Castilla y León, Andalucía y Canarias en su rechazo al copago en las farmacias hospitalarias tras presentar un recurso contra esta medida, que debía entrar en vigor el pasado mes de octubre, aunque finalmente se retrasó hasta enero. Por su parte, el País Vasco ha recurrido el copago farmacéutico, el copago hospitalario para enfermos crónicos y la normativa de la tarjeta sanitaria.
En una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Principado de Asturias informa del recurso presentado ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El texto informa de que a partir de este lunes, fecha de su publicación en el BOE, "todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento" del copago podrán comparecer y personarse en el procedimiento en un plao de nueve días.
Dos recursos del País Vasco
La publicación de esta resolución, fechada el pasado 25 de marzo, se produce un día después de que el País Vasco anunciara que ha presentado dos recursos contra las normativa sestatales que regulan el copago de los medicamentos que se adqueiren en las farmacias y la tarjeta individual sanitaria.
El Departamento vasco de Justicia y Administración Pública que dirige Josu Erkoreka anunció este domingo en un comunicado la presentación de ambos recursos, después de que el Gobierno "no haya contestado satisfactoriamente" a los requerimientos que presentó hace unos meses el Ejecutivo de Iñigo Urkullu para que retirarse ambas normativas.
En el caso del copago de los medicamentos que se administran en los hospitales a las personas que padecen enfermedades crónicas, el Gobierno Vasco ha solicitado en su recurso la paralización cautelar de la ejecución de la medida por los daños que pudieran ocasionarse si en el futuro hubiese un pronunciamiento favorable a este recurso. Así, el Gobierno Vasco advierte de que la implantación del copago produce "un perjuicio" para la salud de los pacientes y para la salud pública debido al efecto que provoca en el seguimiento de los tratamientos farmacológicos.
Respecto al fondo del recurso, el Gobierno Vasco considera que la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia "no es competente para dictar esta medida", dado que "supone de facto un nuevo sistema de financiación de especialidades farmacéuticas con aportación de la persona usuaria, que requiere ser regulado con una norma de mayor rango jurídico".
El Ejecutivo vasco cree que es una medida "injusta e inadecuada que atenta contra el principio de equidad, al penalizar de forma arbitraria y desigual a las personas con enfermedades crónicas graves". También en el recurso el Gobierno autonómico considera que el procedimiento utilizado para calcular la aportación de los usuarios "es improcedente e ineficaz" ya que el coste de su puesta en marcha es más elevado que lo que se recauda con la medida.
En relación al real decreto del 30 de septiembre de 2013 que regula la tarjeta sanitaria individual (TIS), el Gobierno Vasco estima en su recurso contencioso-administrativo que el Ejecutivo central "se ha extralimitado en su regulación sobre la forma y las características técnicas que tiene que tener la nueva tarjeta". Según el recurso, el Gobierno español realiza, en su normativa, un detalle tan exhaustivo al respecto "que agota el margen para que el Departamento de Salud vasco pueda desarrollar sus necesidades operativas y organizativas".
Así, recuerda que el la Comunidad Autónoma Vasca es la competente para emitir la Tarjeta Individual Sanitaria "y que con su despliegue tan exorbitante se vulnera el espíritu de su propia legislación básica".
