Miguel Ángel Díez, jefe de Servicio de Carreteras Autonómicas del Gobierno de Cantabria, ingresó en 2022 cerca de 2,9 millones de euros, cuando su salario bruto como alto funcionario era de 69.000 euros anuales. El acusado fue enviado ayer a prisión tras ser detenido esta semana por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, según ha informado la Cadena SER.

El auto de la Jueza Mercedes Compostizo confirma el ingreso en prisión sin fianza para Díez, al que se acusa de hasta cinco delitos: los de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental. Solo por los tres primeros delitos, el acusado podría enfrentarse a una pena de 6 años de cárcel por cada uno de ello

Un auto en el que se pone de manifiesto la trama que este alto funcionario dirigía desde la Consejería Obras Públicas. Él era quien coordinaba a las empresas involucradas para que estas se repartiesen los diferentes lotes del contrato más importante que adjudica periódicamente el Servicio de Carreteras: el de conservación y mantenimiento.

La investigación desarrollada por la Policía y la Agencia Tributaria ha permitido comprobar cómo el jefe de Servicio estaba repartiendo entre al menos dos de las empresas implicadas los lotes del contrato de conservación que debe licitarse y adjudicarse este año 2023.

Durante la investigación, que comenzó a principios de 2022, se ha descubierto que es titular de cinco bienes inmuebles y de una cuenta abierta en Luxemburgo y que realiza operaciones con fondos de inversión. Además, se han detectado pagos por valor de 640.000 euros realizados en 2021 y 2022 a una empresa supuestamente ficticia y cuya administradora única es su mujer, que además cobraba un sueldo de una de las empresas implicadas en la trama.

La familia poseía un Volvo XC40, que pagaba Api Movilidad, otra de las empresas que presuntamente participaba en la adjudicación irregular de contratos de obras. También hay pagos que suman 500.000 euros en 2019 y otros 225.00 en 2022 para las dos hijas del matrimonio, que fueron detenidas en Madrid, pero quedaron el mismo día en libertad.

En el registro del domicilio del principal encausado, con iniciales M.A.D.B., se halló una máquina para contar billetes y 529.400 euros en efectivo en una caja fuerte, que contenía cinco bolsas grandes, cada una de ellas con la anotación «100.000 euros», más una sexta sin anotación. Una cantidad que, como señala la jueza, es «difícil de explicar para un funcionario público con ingresos brutos anuales en el año 2022 de 69.160 euros».

Aparte de Miguel Ángel Díez, ayer pasaron a disposición judicial su mujer y los responsables de las empresas implicadas, que quedaron en libertad, aunque con obligación de comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes. En total, y como apunta Cantabria Directa, se estima que la familia podría haber obtenido de manera ilícita 1,4 millones de euros durante el periodo de 2019 a 2022, habiendo abonado 640.000 euros en 2021 y 2022 a la citada empresa administrada por la mujer y de la que eran socias ella y sus hijas con el fin de «encubrir el origen presuntamente ilícito» del dinero. 

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