Quince días después de la 'Operación Púnica', nuevo golpe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra la corrupción. En esta ocasión, la unidad de élite del Instituto armado ha desmantelado una trama que había conseguido infiltrarse en diferentes organismos de la Administración Pública para hacerse con contratos públicos tras el pago de sobornos. En el epicentro de la trama, la empresa Fitonovo, ya investigada por la juez sevillana Mercedes Alaya dentro de la 'Operación Madeja'. De hecho, el hilo del que ha tirado en esta ocasión la magistrada surge precisamente de esta causa. Hasta el momento, hay una treintena de detenidos repartidos entre las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona, así como en las islas de Lanzarote y Gran Canaria. Se les acusa de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Entre los arrestados, hay seis cargos de la empresa pública Adif y tres más del Ministerio de Fomento.
La UCO ha registrado los servidores informáticos centrales de ADIF y varias dependencias de este organismo en Zaragoza y Córdoba
De hecho, entre la decena de registros realizados, tres se han producido en dependencias de la entidad responsable de la infraestructura ferroviaria de nuestro país. En concreto, uno se ha realizado en los servidores informáticos centrales de la compañía en Madrid, uno más en la gerencia de mantenimiento de Adif en Zaragoza y el último en el puesto de trabajo de uno de los detenidos en Cördoba. Entre los arrestados están los gerentes de esta compañía en Sevilla, Córdoba, Zaragoza y Valencia, además de un técnico en la capital aragonesa y otro más en Córdoba. Además, han caído los responsables de las delegaciones territoriales del Ministerio de Ana Pastor en las provincia de Jaen y Huelva, y un segundo trabajador de esta última. En total, nueve personas ligadas de un modo u otro a Fomento.
También han sido detenidos funcionarios de otras administraciones públicas, como los jefes de carreteras e infraestructuras de la Diputación de Sevilla, el jefe de explotación y conservación de carreteras de la Junta de Extremadura, así como Cristóbal Pérez, teniente de alcalde de la localidad de La Carolina (Jaen), del PP. No es el único cargo político. También han sido arrestados el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarate, Sergio Machín, quien en su día fue consejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias de esta institución, y un dirigente de IU en Sevilla que ocupó el cargo de consejero del teniente de alcalde de Sevilla cuando la capital andaluza estaba gobernada por el PSOE con apoyo de la coalición. También hay numerosos empleados de la empresa Fitonovo, epicentro de la red de corrupción.
Mercasevilla en el origen
De hecho, esta operación es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Domingo Enrique Castaño. Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas que iban desde dinero dinero a vehículos. Ello provocó que en julio y diciembre de 2013, la magistrada sevillana abiera una nueva línea de investigación que desembocó entonces en registros y detenciones, entre ellas las de los responsable de la empresa Fitonovo, que el pasado mes de mayo se declaró en corcurso de acreedores.
Entre los detenidos hay un teniente de alcalde del PP, un portavoz de Coalición Canaria en Lanzarote y un antiguo asesor de IU en el Ayuntamiento de Sevilla
Gracias al análisis de la información incautada entonces por la Guardia Civil, se descubrió que los directivos de la empresa mencionada habían creado presuntamente una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, para lo cual habían creado dentro de la propia mercantil una estructura paralela para conformar una red de contactos con funcionarios a los que sobornaban a cambio de salir favorecidos en los concursos de adjudicación. Además, Fitonovo creó supuestamente una contabilidad 'B' que se nutría de fondos desviados mediante facturas falsas y con los que pagaban a funcionarios y responsables públicos.
La pieza clave para desmantelar esta trama fue, precisamente, una hoja de 'Excell' elaborada durante años con minuciosidad por los responsables de Fitonovo en la que figuraban los pagos en dinero negro y regalos y, sobre todo, las iniciales de quienes eran sus destinatarios. Entre éstos, aparecía la supuesta entrega de un vehículo 'Toyota Corolla' a la hija de un funcionario de Sevilla después de que éste adjudicase a la compañía el contrato de mantenimiento del célebre Parque María Luisa de la capital andaluza, de un caballo a otro y de teléfonos móviles de última generación a cargos públicos. En una anterior declaración ante la juez Alaya, el administrador de la compañía admitió que éste se había gastado en 'mordidas' más de 700.000 euros entre 2003 y 2012.
