El Presupuesto de las Cortes Generales para 2025 vuelve a reservar una partida de casi tres millones de euros para sufragar las pensiones a las que tienen derecho los exparlamentarios que cumplen determinados requisitos y otras ayudas económicas a este colectivo, sus cónyuges viudos o sus hijos.
En concreto, estas cuentas, aprobadas por unanimidad por las Mesas del Congreso y el Senado, contemplan 2.966.250 euros para estas ayudas, la misma cantidad que en 2022 y 2023, si bien en ninguno de esos dos ejercicios se gastó entera. Así, en 2022 se ejecutaron 2.567.069,05 euros (el 86,54%) y al año siguiente 2.442.463,87 euros (el 82%), según el proyecto presupuestario al que ha tenido acceso Europa Press.
En 2024 se han dedicado 805.258,88 euros al abono de las pensiones de los exparlamentarios que aún pueden cobrarlas. A esta cifra se suman los 215.221,44 euros de otras ayudas económicas para este colectivo, y los 268.382,64 euros invertidos en ayudas a sus cónyuges viudos o sus hijos menores de 25 años que las han solicitado.
Reforma de 2011
El régimen de pensiones parlamentaria fue objeto de reforma en julio de 2011 como consecuencia de la crisis económica. Entonces, bajo Presidencia de José Bono, se eliminó el derecho a percibir un complemento de pensión al jubilarse del que gozaban los parlamentarios que hubieran tenido escaño durante un mínimo de siete años.
Tras aquella reforma pudieron seguir percibiéndolo quienes ya lo tenían reconocido y quienes al inicio de aquella legislatura (la décima) habían generado el derecho al cobrarlo cuando se jubilaran.
Asimismo, hasta 2011 los exparlamentarios que en el momento de su cese hubieran cumplido 55 años o los fueran a cumplir en el año de la disolución de la Cámara y carecieran de una actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena tenían derecho a que las Cortes Generales les mantuvieran dados de alta en la Seguridad Social hasta completar el periodo de cotización necesario para poder cobrar su pensión de jubilación.
Los beneficiarios de esta medida que tras cobrar la indemnización por cese demostraran que carecían de ingresos o patrimonio tenían derecho a percibir también una ayuda equivalente al 60% por ciento de la asignación constitucional hasta que completase el periodo de cotización necesario para causar el derecho a la pensión de jubilación.
Todos los de la legislatura
Quienes ya tuvieran reconocidas esas prestaciones en 2011 las pudieron mantener mientras no variara la situación que en su momento las había motivado. Y, en todo caso, el complemento de pensión se mantuvo para todos los diputados y senadores que lo fueron durante toda la Legislatura Constituyente (1977-1979) y la primera legislatura (1979-1982). En concreto les corresponde un 80% de la diferencia entre las pensiones que tuvieran reconocidas y el límite máximo de percepción de pensiones públicas en la cuantía que éste tenga en el momento de su reconocimiento.
En este momento, según han comprobado Europa Press, cobran estas pensiones un total de 120 exdiputados y exsenadores entre los que figuran los socialistas Pablo Castellano, Javier Rojo, José Acosta, Francisca Sahuquillo y Juan Antonio Barrio de Penagos; los 'populares' Luis de Grandes, José Eugenio Azpiroz y Jaime Ignacio del Burgo; la exdiputada de IU y luego senadora del PSOE Cristina Almeida; los exdiputados de Convergéncia Josep López de Lerma, Mercé Pigem y Josep María Trias de Bes, y del BNG Guillerme Vázquez.
Ayudas a exparlamentarios
Los exparlamentarios a los que la duración de su mandato no les permite obtener la pensión parlamentaria, así como, en su caso, sus cónyuges viudos o sus hijos menores de 25 años, pueden solicitar a las Mesas del Congreso y del Senado la concesión de una ayuda económica. Se les concederá si lo acuerdan mediante resolución motivada tres quintos de las Mesas de ambas Cámaras que fijarán su cuantía y las condiciones para cobrarla.
En este momento hay 36 exparlamentarios y 59 viudas o descendientes que reciben estas ayudas. Entre los primeros están e que fuera diputado socialista Ricardo García Damborenea, que fue condenado a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL y, que con 2.055,61 euros al mes, es el que más cobra.
