El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asustó el lunes un poco más a los funcionarios españoles. Sin hablar abiertamente de despidos, como ya hacen los Ejecutivos de Grecia, Portugal e Italia, comunicó una subida de la jornada laboral que venía coreándose desde hace días y una transfusión del “estatuto del trabajador privado” hacia el empleado público.
El caso es que hay regiones que se han adelantado a Montoro, como la Comunidad de Madrid, donde Esperanza Aguirre ya elevó de 35 a 37,5 horas la jornada laboral de los funcionarios. Una medida que irritó a muchos empleados públicos madrileños. Especialmente a los que trabajen en el Ayuntamiento de la capital y manejen algunos datos que afectan al Consistorio: por ejemplo, que la corporación municipal costea el sueldo de nada menos que 254 asesores. Éstos se consideran “personal eventual” y se clasifican en tres grupos: los “adscritos a Presidencia del Pleno”, los “adscritos a grupos políticos municipales” (PP, PSOE, IU y UPyD) y los “adscritos al Gobierno y Administración”.
Para Presidencia (tres asesores) se asigna un presupuesto de 146.095 euros; para los partidos (90 asesores) hay 3,6 millones; y para el Gobierno y la Administración (161 asesores, el grupo más numeroso), 8,3 millones. En total, 12 millones de euros, lo que supone una media de 50.000 euros por persona, si bien esta cifra puede variar en función de cada contrato. A este personal eventual sí le afectan y le afectarán los decretos aprobados contra los funcionarios –reducción salarial, aumento de horas, supresión de los “moscosos”- con el fin declarado de contener el déficit y la deuda públicos. La única diferencia entre unos y otros: la mayoría de los 254 asesores no llegó al cargo por oposición.
El capítulo asesor fue abordado en enero y publicado un mes después en la web del Ayuntamiento. La alcaldesa, Ana Botella, lo presentó como una muestra ejemplar de austeridad, porque informó del ahorro de un millón de euros con la poda de 18 altos cargos y asesores en el nuevo equipo post-Gallardón (quien a su vez acometió otro recorte en junio del año pasado). Pero poco se ha hablado desde entonces de los dos centenares y medio que quedan, máxime en un contexto de recortes al funcionariado por imperativo de Bruselas.
Algunas áreas están bastante más nutridas de personal eventual que otras. La cifra de 23 empleados en el Área de Comunicación del Ayuntamiento (cuya retribución total es de 1.143.000 euros) contrasta con la de Urbanismo y Vivienda, con cinco, o la de Empleo, con 14. Cada uno de los 21 distritos cuenta con dos asesores excepto el de La Latina, que recibe tres.
También hay diferencias entre los partidos. El PP tiene 31 concejales y 38 asesores; el PSOE 15 concejales y 32 asesores. IU seis concejales y 16 asesores (la que más por edil); y UPyD cinco concejales y cuatro asesores (la que menos, si se tiene en cuenta que el PP también trabaja con los adscritos a la Administración).
Madrid no es la única que tira fuerte de personal eventual. El número de asesores en el ayuntamiento de Barcelona también ronda los 200. Valencia los redujo a 46 tras un drástico recorte que dejó sin puesto a la mitad. Ayuntamientos como el de París tienen limitado su número a 40. Y ni siquiera se completa el cupo: la capital francesa solo mantiene a 36.
