Durante las conversaciones que la CUP viene manteniendo desde hace semanas con Convergencia para despejar la investidura de Artur Mas, sus portavoces han hecho saber que no pueden menospreciarse, todo lo contrario, las vías penales que el Gobierno tiene en sus manos para frenar el proceso soberanista y castigar a sus promotores. Este miedo de los cuperos ha sido expresado en reuniones internas una vez que constataron que dependía de ellos, y no solo de Convergencia y de Esquerra, la conducción de la marea independentista, al quedarse estas últimas formaciones sin mayoría absoluta en las elecciones del pasado 27 de septiembre.
Convergencia y la CUP temen más la vía penal que el recurso al Constitucional por parte del Gobierno
Según comentan veteranos parlamentarios de Convergencia, la CUP está formada por militantes antisistema de la izquierda radical, pero también por profesores universitarios de extensa formación académica. Y lo que ellos han advertido es que el Código Penal ofrece al Gobierno múltiples alternativas no solo para frenar el proceso secesionista a través de la Fiscalía y las diferentes instancias judiciales, sino también para castigar duramente a sus promotores, entre los que la CUP aparecería como un actor necesario y obligado. Son varios los artículos del Código que se han analizado en estas reuniones y que comprometerían seriamente a los conductores del proceso, entre ellos los que regulan los tipos aplicables a las actuaciones contrarias a la Constitución y al ordenamiento vigente. Hay un amplio abanico que incluye desde el delito de rebelión hasta el de prevaricación, pasando por el de malversación de caudales públicos, que afectarían a quienes estuvieran detrás, por ejemplo, de una declaración unilateral de independencia. Entre los negociadores de Convergencia y de la CUP, Antonio Baños entre ellos, ha dejado huella la orden dada por la Fiscalía a los Mossos d´Esquadra para que actúe ante actos de sedición, medida que incumbe a todos los funcionarios de la administración catalana y que en el bloque soberanista se considera “imparable” por sus posibles consecuencias.
El Constitucional, pretexto para movilizar al independentismo
Si el posible uso de la vía penal por el Gobierno para detener el plan separatista es motivo de seria preocupación tanto en Convergencia como en la CUP, la utilización del Constitucional como herramienta para frenar el proceso inquieta mucho menos, pues se considera, incluso, como un pretexto eficaz para seguir movilizando al electorado independentista.
Aunque dentro de Convergencia ha generado una profunda división interna, algunos de sus dirigentes interpretan que la resolución que más ruido ha provocado, la que ha sido aprobada recientemente por el Parlament para iniciar la “desconexión” de España, carece de consecuencias legales y, por tanto, se reduce a un acto parlamentario exento de efectos jurídicos. El propio Constitucional, aseguran en Convergencia, se ha pronunciado en más de una ocasión contra la impugnación de aquellos actos parlamentarios que por sí solos no encierran efectos legales.
Gabriel Rufián (ERC) y Francesc Homs se entrenan para reclamar desde Madrid un referéndum sobre la independencia
Estos planteamientos puede que no den demasiado juego a Artur Mas y a Oriol Junqueras, sobre todo si no consiguen el apoyo de la CUP para poder formar Gobierno, pero sí que tendrán recorrido para Gabriel Rufián, nuevo cabeza de lista de ERC al Congreso en la próxima legislatura, y para Francesc Homs, número uno de Convergencia, entrenados para ser altavoces en Madrid de las decisiones que se vayan tomando en la Generalitat y en el bloque soberanista para conseguir arrancar al Estado la autorización de una consulta sobre la independencia llegado el momento de sentarse a negociar con el futuro Gobierno que salga del 20-D.
La reivindicación del referéndum, admiten también en ERC, será una constante a partir de enero en cuanto se forme nuevo Gabinete, pues el llamado derecho a decidir, que llegó a abrazar incluso el PSC, sigue suscitando un consenso mucho más amplio entre los catalanes que la mayoría de las decisiones tomadas en el Parlament después de las elecciones autonómicas de septiembre para mantener viva la pulsión soberanista.
