El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado este martes la apertura de juicio oral por el denominado 'caso Cooperación' contra el exconseller de Cooperación y Solidaridad Rafael Blasco y otras ocho personas.
La magistrada instructora del 'caso Cooperación', María Pía Calderón, ha dictado la apertura de juicio oral -aunque la fecha se determinará en su momento por diligencia del secretario- en la pieza primera de la investigación sobre el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat Valenciana para cooperación internacional, decisión contra la que no cabe recurso.
Esta pieza investiga los presuntos delitos cometidos en la concesión en 2008 de subvenciones por la Generalitat a la fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), por 1,8 millones de euros, y cuenta con nueve procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, actual diputado no adscrito en Les Corts Valencianes.
La causa investiga delitos de fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la concesión a Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre) de 1,8 millones para proyectos en Nicaragua, donde solo llegaron 43.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de prisión y 33 de inhabilitación para Blasco; la Abogacía de la Generalitat ha solicitado 11 años y medio de prisión y 31 de inhabilitación para el exconseller, y el PSPV-PSOE 15 años de prisión y 42 de inhabilitación.
Los procesados en esta pieza son, además de Blasco, cinco funcionarios de su Conselleria y tres responsables de empresas, entre ellos Marcial López, presidente de Cyes, y Augusto César Tauroni, el único imputado en prisión.
En el auto de 62 páginas, se concluye que Cyes no reunía los requisitos para beneficiarse de esas subvenciones "al carecer de trayectoria o experiencia en el mundo de la cooperación y estar desprovista de los medios personales y materiales necesarios para ejecutar proyectos de naturaleza similar".
En cuanto a las relaciones entre Blasco y Tauroni, la investigación judicial remarca que "no eran las habituales entre el máximo responsable de la Conselleria y quienes pretendieran obtener subvenciones de la misma", sino que procedían de una vinculación familiar en Alzira (Valencia), con "estrechas y públicas relaciones" del segundo con "familiares directos" del ahora exconseller.
La "discreción" en los contactos entre ambos "pudo permitir -añade el auto- el establecimiento y permanencia de unos lazos de colaboración que se dilataron en el tiempo y que comprendieron la realización de favores mutuos".
Tauroni "obtuvo contratos en la práctica totalidad de las Consellerias de las que Rafael Blasco fue máximo responsable. Mayoritariamente se obtuvieron a través de personas interpuestas y con independencia del ámbito de actuación del organismo público y de los diferentes cometidos y quehaceres a realizar en cada uno de ellos", como Bienestar Social, Territorio y Vivienda o Sanidad.
En el auto se da cuenta de conversaciones telefónicas entre ambos procesados, hechas tanto de noche como en fines de semana o en agosto; de reuniones mantenidas, de correos electrónicos cruzados y de sobres con recortes de prensa intercambiados por sus respectivas secretarias.
"Esta actuación evidencia unos vínculos -de Blasco- con Tauroni que se sitúan en un ámbito cuando menos anómalo e inusual entre quien dirige una Conselleria y quien directa o indirectamente contrata con ella", añade.
Aparte de recordar que Tauroni poseía documentos internos y reservados de la Generalitat que justificaría la información privilegiada de que gozó Cyes para optar en 2008 a esas subvenciones para proyectos de cooperación, el auto remarca la "posible artificialidad y composición simulada" de documentos aportados a la investigación por parte de los imputados.
Cyes compró, con el dinero procedente de esas subvenciones, cuatro inmuebles en Valencia por importe total de 969.875 euros, bienes que "no tienen relación alguna con los objetivos, generales y específicos, previstos en uno y otro proyecto".
La información remitida por la Conselleria a la Sindicatura de Cuentas y a la Fiscalía tras la investigación abierta, resalta el auto, "es un expediente conformado para ese fin, con documentos diferentes a los originales y seguramente modificados, omisiones relevantes y datos inciertos".
La magistrada justifica la apertura de juicio oral en que sigue estimándose que los hechos pueden ser constitutivos de delito, que "existen además suficientes indicios racionales de criminalidad" y que las acusaciones formuladas en la instrucción están fundadas.
