El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar en calidad de testigo a la exasesora de Podemos Dina Bousselham el próximo 9 de marzo después de que la Policía le comunicase hace semanas que no se puede acceder al contenido de la tarjeta del móvil que le robaron en 2015.
Ese mismo día también escuchará la versión de la pareja de Bousselham y del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, también como testigos. Son las últimas diligencias que le quedan por practicar en esta rama del caso Villarejo, si bien el juez no espera que aporten ningún elemento clave para seguir indagando, razón por la cual rechazó prorrogar las pesquisas.
De esta forma, cuando declaren estos tres testigos, "la instrucción estaría finalizada". Así lo decidió el juez después de que llegase a su mesa el informe pericial que encargó a la sección de ingeniería forense de la Policía, que fue clave al determinar que no es posible acceder al contenido de la tarjeta, ni siquiera parcial, ni reparar los daños sufridos ni determinar cómo se ocasionaron.
Robo del móvil de Bousselham
García Castellón, que también ha citado el 9 de marzo a los peritos que elaboraron ese informe, consideraba que éste podía aportar elementos esenciales para determinar las circunstancias que giraron en torno al presunto robo del móvil de Bousselham.
Defendía además que ese análisis podía condicionar el modo en el que la exasesora de Podemos debería ser citada a declarar, si como imputada o como testigo, calidad en la que finalmente comparecerá Bousselham, tal y como la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional instó al juez a hacerlo.
Este tribunal ordenó al juez citar a los tres testigos en octubre del año pasado, cuando revocó el cierre de la instrucción que había acordado un año antes. Esta investigación tiene su origen en los archivos hallados en un registro al excomisario José Villarejo que, supuestamente, provenían de la tarjeta de memoria del móvil que le fue robado a Bousselham en 2015 y cuya información acabó saliendo a la luz. García Castellón llegó a elevar la causa al Supremo para que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, pero el tribunal lo rechazó.
