Alberto Garzón ha vuelto a provocar un incendio en el Gobierno de coalición y, además, una revuelta de las comunidades autónomas, también aquellas con presidencias del PSOE, contra el Ejecutivo central. Las modificaciones a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios incluidas en el Libro Sexto del Real Decreto 24/2021, del pasado 2 de noviembre, otorgan al Ministerio de Consumo unas competencias sancionadoras hasta ahora blindadas para las los gobiernos regionales que, más allá de la ira provocada en los diferentes barones del PSOE y otros dirigentes autonómicos, ha generado un importante lío legal que deja en el limbo miles de reclamaciones.
Así lo afirman a Vozpópuli fuentes conocedoras de la tramitación de ese Real Decreto como proyecto de ley y de la negociación que han mantenido, durante los últimos meses, el Gobierno y las comunidades autónomas. Estos cargos políticos explican que, en noviembre, se acordó que el texto no entraría en vigor hasta el 28 de mayo para tener ese margen de negociación entre el ejecutivo central y los regionales. Un tiempo que no ha servido para llegar a ningún tipo de acuerdo.
Hasta la aprobación de este texto, "las comunidades autónomas eran las que podían iniciar el proceso sancionador". Entre otras cosas, porque "son las que tienen equipos de inspección y unidades específicas para ello, algo de lo que carece el Ministerio de Consumo". Además, "el dinero recibido por esas sanciones permitía financiar el mantenimiento de esas infraestructuras, que ahora las quiere el Gobierno".
Las multas a las eléctricas
Según las fuentes consultadas, "Garzón ha asumido esas competencias porque quiere ser él quien protagonice una gran sanción a una de las principales compañías eléctricas". Un objetivo que ha provocado tensiones en varias comunidades autónomas: "En Galicia, por ejemplo, hay más de 4.000 denuncias abiertas contra las compañías eléctricas por la subida del recibo de la luz y el vaciado de los pantanos... y Garzón quiere quedarse con ellas".
En Galicia, por ejemplo, hay más de 4.000 denuncias abiertas contra las compañías eléctricas", detallan las fuentes consultadas
El gobierno de la Xunta, y también la Generalitat de Cataluña, ya han amenazado al Gobierno con llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Acusan al Ejecutivo central de haberse apropiado de unas competencias que están blindadas por sus respectivos estatutos de autonomía. También en el estatuto andaluz, apuntan los cargos políticos contactados, aparece esta competencia sancionadora.
El enfado de los gobiernos gallego y catalán es tal que Moncloa llevó el asunto a dos comisiones bilaterales con ambas comunidades autónomas, aunque no se resolvió nada. Además, se han celebrado reuniones técnicas con todas los ejecutivos regionales presentes. Estas cumbres, sin embargo, solo sirvieron para confirmar el gran rechazo al decreto de Garzón: "14 comunidades autónomas se mostraron en contra".
Los gobiernos socialistas también se han opuesto claramente al texto. El más beligerante, apuntan las fuentes consultadas, es el de Extremadura, presidido por Guillermo Fernández Vara: "La recaudación en su administración es vital, y el ministro se la quiere quedar".
Inseguridad jurídica
Más allá de las protestas de los diferentes gobiernos autonómicos, la entrada en vigor del texto que confirma la modificación a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios está provocando inseguridad jurídica para aquellos procedimientos sancionadores ya iniciados.
Las administraciones contactadas advierten que "un juez de cualquier comunidad autónoma con expediente abierto a una gran compañía puede cerrarlo ahora al haber sido iniciado el procedimiento a instancias de un gobierno regional que, en principio, ya no es competente".
El Gobierno, explican las fuentes consultadas, es consciente de ese "lío judicial" y, por ese motivo, se ha puesto manos a la obra para solucionarlo: "El Real Decreto se está tramitando como proyecto de ley, pero tiene muchas dificultades. Por eso, se han decidido a incluir cambios... mediante enmiendas al Proyecto de Ley que modifica la Ley de regulación del juego".
Efectivamente, mediante enmiendas pactadas entre el PSOE y Podemos, se especifica que, en caso de existir un expediente abierto, las comunidades autónomas deben mantenerlo hasta el final:
El objetivo es aprobar, a lo largo de este mes, las enmiendas necesarias, como la expuesta anteriormente, para evitar que miles de reclamaciones puedan decaer en los juzgados cada día. En todo caso, y "aunque esta tramitación es más rápida", a día de hoy "estamos en una situación de total inseguridad jurídica".
Las mismas fuentes concluyen, además, que las enmiendas son un "parche" y no tapan el hecho de que Consumo quiere hacerse con unas competencias para las que no tiene aún infraestructura territorial: "Alberto Garzón quiere la gloria, pero no el trabajo".
Wesly
La responsabilidad última de lo que pasa no es de Garzón, es de Pedro Sánchez por mantenerlo en su gobierno.
Kakem
Garzón, aparte de irresponsable y comunista, pues se quiere quedar sin trabajar con lo que no es suyo. Bastante bien le puso el ególatra ahí para que a río revuelto, ganancia del pescador ególatra y desequilibrado. Hay alguien que observé algún ápice de inteligencia en algún ministerio??? Pues así va España.
sinperdon
Lo que no puedo admitir es que una cia electrica que da un servicio asqueroso,pues ni factura real teniendo telegestion,que emite tres y cuatro refacturaciones para cuadrar lo que no hace bien,que en un año es capaz de emitirte 40 facturas debido a su incompetencia,que no sabes nunca lo que te esta costando el Kw por que ni te factura,que haya varias comercializadoras pero solo una distribuidora por lo que tienes que tragar esta distribuidora y no sirve de nada cambiarte a las distintas comercializadoras,bien,pues que estas asquerosas compañias que amparadas por la ley se pasan por la entrepierna la legalidad e incluso se permiten no cumplir un laudo de arbitraje y te obligen despues de ser un arbitraje elegido por ellas a ir a ejecutar judicialmente un laudo....despues de hacer lo que les sale de sus partes,den beneficio.NO,uds ,paguen paguen al consumidor miles de MM por sus entuertos ejncompetencias,paguen multas a miles y si les queda 1 €,entonces ,denlo de beneficio Garzon sera comunista pero estas asquerosas cias ,no merecen nada,nada de nada.Solo palos y quitarles todala pasta y los bonus a sus dirigentes.Son asquerosas
Discobolo-60
Era de esperar que la volviera a liar. Este payaso llamado Garzón es un inepto que jamás ha dado un palo al agua, y si ahora le dan un cargo de responsabilidad que por supuesto él carece, pues la tiene que liar y encima este cabeza de cholito solo tiene serrín dentro. A ver si lo mandamos dos décadas a Senegal y lo ponemos a dieta, que pase hambre, y recapacite de lo.maravilloso de nuestra ganadería, nuestra industria agroalimentaria tan excelente. Y cuando regrese, aunque mejor se quede allí para los restos, se dará cuenta del daño que está haciendo a España y su industria.
123probando
Este chico no da una. Pero Sánchez se frota las manos porque cuanto más mete la pata este miembro de Partido Comunista, más votos pasan de Unides Podamas a PSOe.