El Tribunal Supremo estudiará este martes los recursos que presentaron varias comunidades autónomas contra el reparto de límite de déficit llevado a cabo por el Gobierno en los años 2012 y 2013. Se trata de la primera vez que el Alto Tribunal estudia un asunto jurídico de esta naturaleza, tal y como han informado fuentes de este órgano a Vozpópuli, que a la par recalcan su "máxima trascendencia".
El Pleno de la Sala Contencioso Administrativa, que preside el magistrado Luis María Díez Picazo, se reunirá para estudiar las demandas interpuestas por Cataluña, Canarias, Asturias, Andalucía y País Vasco contra un acuerdo del Consejo de Ministros aprobado en el año 2012 y dos acuerdos aprobados por el Ejecutivo en 2013 donde se recogían los límites del déficit autonómico. Se trata de un asunto de máxima trascendencia ya que si el Supremo diera la razón a las comunidades autónomas –que argumentaron que son ellas quienes asumen las mayores cargas de reducción de gasto del Estado- éstas podrían entonces dirigir las pertinentes reclamaciones contra el Ejecutivo.
Según informan fuentes jurídicas, en primer lugar el Pleno estudiará la competencia de la Sala Tercera para resolver dichos recursos. La duda radica en que los acuerdos del Consejo de Ministros, ahora puestos en entredicho, contaron con el visto bueno del Parlamento antes de ser aprobados.
En primer lugar los magistrados estudiarán si son competentes para resolver los recursos de las autonomías antes de entrar en el fondo de la cuestión
Esto se debe a que el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (Ley 2/2012) recoge que "el acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno. Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento".
Las distintas fuentes explican que las dudas jurídicas surgen a la hora de determinar si se trata de una resolución del Consejo de Ministros, es decir, de un "acto de gobierno" que pueda ser revisado por la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal o si, por el contrario, se trata de un "acto parlamentario" que el Supremo no es competente para resolver.
Una vez que se haya superado ese debate, y sólo en el caso de que una mayoría de los magistrados que componen el Pleno de la Sala Tercera se decanten por asumir la competencia, el debate jurídico se centraría en el fondo del asunto. Es decir, en resolver si con esos acuerdos del Consejo de Ministros el Ejecutivo incumplió la Ley de estabilidad que señalaba que las autonomías deben conservar en sus límites la proporción de su peso del 37% en el déficit estructural de España en 2012.
Las comunidades denunciaron ante el Tribunal Supremo que el Gobierno les había obligado a hacer un "esfuerzo ingente" para cumplir en 2016 el objetivo de déficit estructural marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en cambio, el Estado aplazó el cumplimiento de ese objetivo hasta 2020.
Algunos magistrados de la Sala consultados por este periódico no dudan en señalar que el debate jurídico sobre este asunto se va a abordar de forma tardía después de que la semana pasada saliera a la luz pública que el déficit público acabó 2015 en el 5,16 del PIB, casi un punto más de lo pactado con Bruselas.
CASI UN PUNTO MÁS
El Gobierno solo redujo en unos 6.000 millones el déficit a lo largo del año 2015, una cantidad del todo insuficiente para llegar al objetivo pactado con Bruselas del 4,2%. De hecho, las cuentas se han desviado en unos 10.000 millones de esa cifra y han cerrado con un inesperado déficit el 5,2% del PIB.
Si se incluyen las ayudas a la banca, que no computan en el procedimiento de déficit excesivo, el déficit cerró en el 5,24% y si no se tienen en cuenta se queda en el 5,16%. En cualquier caso, la cifra es mucho más alta de lo esperado y está muy alejada de las últimas estimaciones oficiales del Gobierno.
A pesar del gran desfase, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha negado cualquier "ocultación" en los datos y ha asegurado que esas estimaciones que hacía el Gobierno no se alejaban mucho de la realidad porque en 2015 se han tenido que computar gastos que no volverán a repetirse en 2016, como el tratamiento de la Hepatitis C o el incremento de la inversión pública motivado por la reclasificación de determinados contratos de colaboración público privada. Si se descuentan esas operaciones, el déficit se queda en el 4,8%.
Lo que está claro es que un déficit del 5,2% dificulta mucho la tarea al Gobierno que llegue, que tendrá que afrontar un objetivo inicial del 2,8%, puesto que, tal y como ha dicho Montoro, en la actualización del Programa de Estabilidad que enviará el Gobierno a Bruselas en abril se mantendrá esa cifra.
