El expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley defraudó 885.000 euros a Hacienda, según consta en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif). No obstante, los funcionarios de la Agencia Tributaria advierten de que el fraude estaría prescrito. De esta forma, el magistrado José de la Mata tendrá que decidir si le imputa un delito contra la Hacienda Pública, o archiva la causa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha considerado probado en sus autos que los Pujol aprovecharon su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana para acumular a lo largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas".
Las pesquisas han permitido al magistrado concluir que las facturaciones millonarias realizadas a través de sociedades instrumentales del primogénito de los Pujol "no tienen justificación material alguna" y que el modus operandi "pone de relieve el principio de unidad de caja con el que funciona la familia".