Las denuncias presentadas por varios partidos en el Tribunal Supremo tras la reunión del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reactivado los recelos a que las formaciones políticas colonicen la Justicia. El tribunal que preside Manuel Marchena ha ordenado que Vox y el Partido Laócrata se unan en una sola acusación, lo que ha provocado el recurso de la formación de Abascal.
Este partido encuentra la medida “ciertamente desproporcionada”, considera que la ley no obliga a esa unificación y recuerdan que “únicamente” son dos acusaciones populares. “No parece que complique demasiado ni haya obstáculo alguno a la economía procesal”, dicen en un recurso presentado el pasado 10 de junio.
La ley permite ejercer como acusación popular en una causa cuando no eres un perjudicado directo (acusación particular) y se entiende que el hecho denunciado ha generado un perjuicio público. Asociaciones, colectivos o incluso cualquier ciudadano pueden ser parte en un proceso si reciben el visto bueno del tribunal. En los últimos años, los partidos políticos se han sumado a esta opción, desde las grandes investigaciones por corrupción hasta el juicio del procés.
Los partidos como acusación
Precisamente, en la sentencia que condenó a los líderes independentistas, los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya introdujeron un mensaje directo sobre esta cuestión. Reconocieron que "la presencia de partidos políticos en el proceso penal no es desde luego positiva".
De hecho, tacharon de "perturbardora" la presencia de la formación de Santiago Abascal, ya que, a su juicio, "se corre el riesgo de trasladar al ámbito jurisdiccional la dialéctica e incluso el lenguaje propio de la confrontación política". En ese sentido, abogaban por una regulación sobre la participación de partidos políticos como acusaciones populares.
En el seno del Alto Tribunal existía la preocupación que en Europa no se entienda la acción popular de un partido político ejerciendo la acusación contra otro político. Fuentes jurídicas consultadas confirman que es algo poco habitual en los tribunales europeos.
Ahora el caso Delcy vuelve a reunir a los mismos protagonistas: Vox ejerciendo la acusación contra un miembro del Gobierno y Manuel Marchena al frente de la Sala de los Penal que tiene que decidir si investiga o no a Ábalos por un presunto delito de prevaricación (la vicepresidenta venezolana tiene prohibido el acceso a territorio de la UE por violación de los Derechos Humanos).
"Inútiles reiteraciones"
En esa decisión será clave la postura que adopte la Fiscalía, pero todavía no ha recibido siquiera la petición formal de informe. Casi medio año después de la reunión entre Ábalos y la número dos de Maduro en Barajas, el caso sigue en punto muerto en el Tribunal Supremo.
El pasado 5 de junio los jueces dictaron un auto en el que justificaban su decisión de unificar a las acusaciones populares. “La actuación de cada querellante con su propia representación y asistencia letrada, provocaría sin duda unas inútiles reiteraciones”, decía la resolución.
A su juicio, las dos formaciones por separado darían pie a “una artificial complejidad en la tramitación derivada de la pluralidad de partes que supondría un sacrificio injustificado en el derecho a una rápida respuesta judicial”. Hacían hincapié los jueces en que los hechos y la acusación eran iguales.
No lo ve así en cambio Vox para quien “la imposición del ejercicio de la acusación popular bajo cualquier otra dirección que no sea propia e individualizada resulta anómala y extraña, más teniendo en cuenta que la otra acusación popular personada es un partido político”.
“En todo caso”, este partido señala que deberían ser ellos y no los laócratas quienes deberían liderar la acusación en caso de que se confirme la unificación. “Debemos dejar dicho que la otra acusación popular, del Partido Laócrata, se encuentra recurriendo su fianza”, argumenta Vox para defender que ahora mismo ellos son la única parte personada en la causa.
El Supremo dio preferencia a los laócratas porque fueron los primeros en presentar una querella contra Ábalos en el Congreso. Son una pequeña formación sin representación parlamentaria que también ha denunciado los hechos que rodearon la visita de Delcy Rodríguez en un Juzgado de Instrucción de Madrid. Para poder ejercer la acusación, el Tribunal Supremo les fijó una fianza de 12.000 euros, el doble que a VOX.
